Examinar lo que funciona y lo que no exige dedicación; cambiar lo necesario, ambición y actitud. En el ámbito de la gestión de carreteras, Gipuzkoa está haciendo ese ejercicio con honestidad y coraje. En esa dirección, el Consejo de Gobierno Foral ha tomado una decisión importante, que marca tendencia. Declarar la lesividad del contrato del ente público guipuzcoano con la empresa Bidelan, iniciar los trámites para rescindir y revocar dicho acuerdo y dar pasos hacia una gestión pública de las infraestructuras del territorio es una buena noticia. Un paso en la deconstrucción de la arquitectura de unos servicios en teoría públicos pero que en la práctica socializa las pérdidas y privatiza las ganancias.

Bidelan es un ejemplo de cómo atendiendo a concepciones ideológicas y a una cuestión de intereses se defiende la gestión privada por una supuesta mayor motivación al estar en juego el volumen de las ganancias y beneficios de la empresa. Pero si se mira el detalle del contrato en cuestión, la sociedad privada Bidelan sin riesgo empresarial alguno tiene asegurados millonarios beneficios que, a su vez, agudizan más la deuda de sociedades públicas como Bidegi. Con beneficios asegurados por contrato, sin arriesgar e independientemente de la evolución del tráfico, puede decirse que se estaba ante uno de los habituales chanchullos, ante un escándalo que la ciudadanía de Gipuzkoa y sus arcas públicas no deben pagar a escote.

No faltarán quienes pongan el grito en el cielo. Acusaciones de prevaricación contra la Diputación de Gipuzkoa están servidas en el menú. Pero priorizar a la gente, eliminar privilegios a empresas que dañan tanto el interés general y recuperar beneficios para una gestión idónea de los asuntos públicos es una obligación frente a la cual la Diputación no se pone de perfil. Acordar ese proceso, haciendo que toda la plantilla de Bidelan pase a la sociedad pública de Bidegi, es deseable. Y puestos a pedir deseos, que cunda el ejemplo.