La decisión de la Diputación de Gipuzkoa de declarar la lesividad del contrato que se firmó en 2010 con Bidelan, cuando el PNV gobernaba en el herrialde, e iniciar los trámites para la rescisión del contrato, por el que el ente foral prevé ahorrar 12 millones de euros, ha levantado ampollas en el PNV.

Su portavoz en las JJGG, Markel Olano, acusó a Larraitz Ugarte, portavoz de la Diputación, de «mentir y estar obsesionada con el enfrentamiento», al tiempo que justificó la modificación del acuerdo que firmó el ente foral con Bidelan, por el que esta empresa llegó a abonar 15,5 millones de euros de más.

Según Olano, los miembros del consejo de administración de Bidegi adjudicaron «por unanimidad» a Bidelan el contrato de mantenimiento y explotación de las carreteras AP-1 y AP-8, y añadió que, «por efecto de la crisis», el tráfico se redujo, «por lo que se tuvo que renegociar el reequilibrio económico del contrato mediante la modificación del mismo». A raíz de la modificación, Bidelan pasó a ingresar, además de los costes fijos, un «extra» del 7,7%.

Con estas afirmaciones, Olano llegó a contradecir la postura de su partido sobre el proyecto que la Diputación está elaborando para la financiación de las carreteras del territorio. Aunque el Gobierno foral sostiene que la tendencia de tráfico está bajando, cuestión que repercute directamente en los ingresos de Bidegi, la portavoz de Gipuzkoa del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, sostuvo en una rueda de prensa ofrecida el pasado 29 de julio que los datos ofrecidos por la Diputación eran falsos y que, por los datos que disponía, «a mayo de 2013, los datos indican que los tráficos en las autopistas que gestiona Bidegi y los ingresos que está obteniendo se están manteniendo, incluso con un pequeño incremento», aseguró.

Olano aseguró asimismo que Ugarte «miente cuando argumenta que la modificación del contrato supone la desaparición del principio de riesgo», aunque es sabido que la asociación privada, que ingresaba conforme al número de vehículos que transitasen por las carreteras que mantenía y explotaba, pasó a ingresar, además de los costes fijos, un beneficio del 7,7%.

Simple hecho de no gustar

El portavoz del PNV en las Juntas de Gipuzkoa aseguró que la decisión de llevar a los tribunales el contrato entre Bidegi y Bidelan, modificado en el 2010, «es por el simple hecho de que a la izquierda abertzale no le gusta», y quiso crear nerviosismo asegurando que la decisión «arrastra a la Diputación a escenarios de alto riesgo que van a costar millones de euros a la sociedad guipuzcoana».

Por último, aprovechó la ocasión para criticar la gestión que está realizando Ugarte al frente del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias. La acusó de «volver a demostrar su incapacidad de gestión y asombrosa capacidad de destruir esquemas de funcionamiento que han sido eficaces».