Sayas desconoce que dos testigos de UPN ocultaron el desfase en las actas
Yolanda Barcina se negó a hacer declaraciones sobre las actas de CAN. El portavoz del Gobierno, Sánchez de Muniáin, y el portavoz de UPN, Sergio Sayas, tampoco contestaron a las preguntas que les lanzó ayer GARA. El discurso oficial es que el caso de las dietas está ya archivado y cerrado. Preguntado sobre por qué dos militantes de UPN ocultaron información a la juez, Sayas dijo desconocer las declaraciones.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
UPN defiende a capa y espada que el caso de las dietas de CAN está cerrado, tras el carpetazo del Tribunal Supremo. Por ello, no quiere entrar a valorar los nuevos datos conocidos a través de una filtración de un informe de la Guardia Civil a la prensa. Yolanda Barcina se remitió a lo dicho por su portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, en la rueda de prensa de la mañana. Y Sánchez de Muniáin se negó a contestar las preguntas de GARA. «Se trata de un caso archivado en lo que afecta a los miembros del Gobierno», dijo el portavoz.
Por otro lado, desde la sede de UPN, Sergio Sayas lanzaba el mensaje de que no saben que los testimonios de los secretarios de CAN no coinciden con las últimas pruebas conocidas.
A Sánchez de Muniáin no le «preocupan» las alteraciones en el contenido de las actas de Caja Navarra producidas en algún caso con el proceso judicial ya iniciado. Unas actas de las que, además, no se tiene constancia en la entidad hasta un año después de que estallara el escándalo por las dietas (de entre 3.434 y 5.690 euros) que se repartían Yolanda Barcina, Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya en un órgano opaco.
En el momento en el que se produjeron las últimas modificaciones, Caja Navarra ya no ejercía acción bancaria. Estaba regida por un protectorado que fue directamente designado por Yolanda Barcina. Preguntado por este punto, Sánchez de Muniáin se negó a contestar, remitiéndose a que todo lo relativo a miembros del Gobierno ha quedado ya archivado.
«Es un tema juzgado»
Sayas fue el único miembro de UPN que profundizó un poco cuando los periodistas se interesaron por las últimas revelaciones. Aun así, según él, las modificaciones en las actas «no aportan nada nuevo» y «es un tema juzgado». Preguntado por qué los dos secretarios de la caja, ambos de UPN, no dijeron la verdad a la juez, aseguró «no haber leído «el informe de la Guardia Civil, ni esas declaraciones».
El portavoz de UPN no negó la afiliación política de Alberto Pascual y Amaya Rández, aunque procuró denominarles siempre como «trabajadores de la caja» y no como miembros de su formación.
A pesar de defender que desconoce ese informe, Sayas se aventuró a decir que todas las modificaciones fueron «formales» y no de contenido (que es lo que podría suponer un delito de falsedad documental). En todo caso, el portavoz de UPN insiste en que todo ha quedado ya archivado y que este escándalo no es sino parte de «una estrategia de determinados partidos para hacer daño a UPN».
En realidad, la causa sigue sin archivarse. El Supremo dio carpetazo a la investigación de un presunto delito de cohecho, pero la instrucción en Iruñea, de momento, no ha sido archivada y siguen imputados Sanz, Miranda y el alcalde de Iruñea, Enrique Maya.
Ahora está por ver si las nuevas revelaciones animan a la juez instructora a continuar. Kontuz y UPyD, que ejercen la acusación particular, no han realizado aún declaraciones sobre qué acciones tomarán puesto que el informe pericial de la Guardia Civil sigue sin haber sido notificado oficialmente a las partes.
Las primeras actas de la Permanente no aparecen en los ordenadores de Caja Navarra hasta un año después de que las reuniones, presuntamente, se celebraran. Además, fueron modificadas posteriormente.
Aunque Barcina eluda contestar sobre el papel que tuvo en la elaboración de las actas o cuándo las firmó, es probable que tenga que dar explicaciones en el Parlamento, después de que Bildu haya solicitado su comparecencia.
«Diario de Navarra» sigue tirando de la manta de su filtración policial y dosificando la información. Ayer reveló que el secretario general de CAN y militante de UPN, Alberto Pascual, fue quien modificó las actas en varias ocasiones. También participó un tal Fermín M. y además aparecen otros dos ordenadores más, aunque no se identifica a sus usuarios. Pascual aseguró ante la juez que las actas se «solían» firmar en la sesión siguiente.
Después de que Kontuz solicitara que se verificaran los metadatos de los archivos para averiguar cuándo aparecieron las actas, Pascual «extraoficialmente» cambió su versión. Desde entonces, asegura que elaboraba las actas en su casa los fines de semana y que, por ello, tardaron más de un año en aparecer dentro del sistema informático de CAN, dado que las guardaba en su ordenador personal. No obstante, esta versión tampoco cuadra con lo que se conoce del informe. Las actas no pasaron de una tacada de su ordenador al de la CAN, sino que aparecen gradualmente y más de un año después de que se celebraran las reuniones. De hecho, no hay constancia de actas de la Permanente hasta que el escándalo apareció en la prensa. A.I.
