Con la publicación de la norma foral el pasado 30 de julio la Diputación cerraba la puerta a cualquier posibilidad de acuerdo en torno a los peajes en Gipuzkoa, por lo menos, en lo que se refiere a nuestro sindicato. Nuestras posturas han estado muy alejadas desde el principio y las posibilidades de acuerdo siempre han sido remotas pero la norma foral presentada por el Ejecutivo Foral es una de las peores y más lesivas que se podían presentar y su aplicación pone en peligro el futuro laboral de cientos de trabajadores autónomos del transporte en Gipuzkoa y en Euskal Herria. Así lo reconoció la diputada de Transpor- tes Larraitz Ugarte en julio, aunque a renglón seguido quiso quitarse de encima la responsabilidad de la ruina de cientos de fa- milias escudándose en cuestiones competenciales o de regulación del sector del transporte.

Es la Diputación de Gipuzkoa quien genera el problema y es esta quien tiene la obligación de resolverlo, el resto es querer lavarse las manos ante la catástrofe que se avecina. Que Europa no permite compensar al transporte local ya lo sabía Diputación hace mucho tiempo. Nuestro sindicato lo lleva repitiendo desde que al PNV se le ocurrió hace más de cuatro años la impagable idea de machacar al transporte local en la N-1 en Etxegarate. Que Madrid impide que los/as transportistas autónomos puedan repercutir la parte correspondiente del coste del peaje al cargador también lo sabían. Y estas son dos cuestiones previas que deberían haber estado resueltas por Diputación antes de plantearse siquiera implantar peajes. Mientras no resuelvan ninguna administración puede obligar a ningún transportista a asumir un sobrecoste que no le corresponde porque además en la actual coyuntura económica estará poniendo en peligro su futuro laboral y nada lo justifica. Ni tan siquiera la famosa deuda de Bidegi.

Tiene mucho trabajo por delante la Diputación de Gipuzkoa. Este conflicto no se resuelve prometiendo compensaciones fiscales a los/as transportistas autónomos del territorio porque todos/as en este sindicato hemos aprendido la lección y sabemos que la política del departamento de Hacienda va en el sentido contrario, es decir, que no va a permitir bajo ningún concepto que los/as transportistas autónomos trabajen con más garantías gracias al apoyo fiscal de la administración. La reforma del sistema de módulos es el espejo en el que nos miramos. Pero tampoco se resuelve con una reunión en Madrid sobre la reforma de la LOTT que no va a tener ningún efecto práctico. Hace décadas que Hiru viene exigiendo desde la más absoluta soledad que la regulación y la ordenación del transporte de mercancías por carretera debe ser ejercida por las instituciones vascas, porque cuando hablamos de soberanía económica también hablamos de transporte y de un sector regulado en el que la profesión de transportista sea sinónimo de calidad, de dignidad y de seguridad, justo lo contrario de lo que marca Madrid.

Y mucho tendrá que trabajar también si quiere recuperar la credibilidad que ha perdido. Cuando la Diputación de Gipuzkoa toma la decisión de cobrar peajes en todas las carreteras del territorio, después de comprometerse EHBildu en su programa electoral a que «cualquier política tarifaria sobre nuestras infraestructuras viales tiene que ser complementaria de políticas de movilidad sostenible y nunca, como ocurre en Gipuzkoa, un instrumento para recaudar dinero» pierde credibilidad. Cuando la diputada de Transportes asegura que no quiere perjudicar al sector para presentar al día siguiente unas tarifas estratosféricas, y encima aprovecha de forma torticera una idea lanzada por Hiru sobre descuentos a vehículos ecológicos en Europa para hacer lo contrario y castigar económicamente con un recargo del 20% a los vehículos menos ecológicos, la Diputación pierde credibilidad.

Por tanto, a estas alturas las cosas están claras y, si Diputación está dispuesta a hacer su trabajo y resolver el problema que ya ha generado, lo veremos en los próximos meses, pero lo que sí tenemos claro es que nadie va a sacrificar al sector del transporte de mercancías por carretera para ponerse la medalla de la buena gestión delante de los bancos, delante de los que nos deshaucian, de los que nos roban y de los que gracias al rescate de 100.000 millones de euros pagados por todos los/as ciudadanos europeos siguen especulando y machacando a las clases populares. Si para pagar un euro a un banco un transportista va a tener que perder su trabajo no estamos dispuestos a tragarnos esa deuda, ni como transportistas ni como ciudadanos, y como sindicato de transportistas que somos vamos a poner todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para evitarlo.