PNV y PSE pueden cerrar este fin de semana su acuerdo, centrado especialmente en la fiscalidad, y se especula incluso con que se presentará mañana. Aparte de la negociación final sobre la letra pequeña, ambas partes discrepan de su alcance. El PSE insiste en remarcar que se mantendrá en la oposición mientras el PNV intenta dar transcendencia y recorrido al acuerdo. Pero después de haberlo presentado como un pacto «de legislatura» (lo que significaría que Iñigo Urkullu tendrá asegurado el soporte parlamentario hasta el final de este ciclo electoral), ayer Andoni Ortuzar matizó que lo que quieren decir con ello es que el acuerdo irá desgranando consecuencias durante toda la legislatura.

El presidente del EBB avanzó que el pacto «es muy ambicioso, bastante detallado y extiende su actividad a toda la legislatura. Prácticamente todas las medidas abarcan desde 2014 a 2016», aseguró. En consecuencia, cree que lo «lógico» sería que diera pie a acuerdos presupuestarios, cuestión que se ha convertido en esencial para el PNV tras el fracaso de su primer proyecto, que Urkullu debió retirar por la falta de apoyos.

El PSE no se muestra tan contundente al respecto. Patxi López ha afirmado expresamente que quieren continuar haciendo oposición, aunque habrá que ver cómo se compatibiliza eso con el acuerdo fiscal. Por su parte, el PP augura que la firma solo dará «tranquilidad cosmética» al PNV para el proceso presupuestario de 2014.

Servicios públicos, ¿iguales?

Según Europa Press, el acuerdo incluye medidas para impulsar la actividad económica y fomentar el empleo, para lo que esperan contar con los nuevos recursos que reportará la reforma fiscal y que podrían ascender a alrededor de 1.500 millones en los próximos tres años.

En función de esas estimaciones, PNV y PSE barajan que podrían contar con aproximadamente 6.200 millones hasta 2016 para destinar a una serie de medidas con el objetivo de afrontar la crisis. Se incluiría la ampliación de los planes Renove para activar la demanda interna y un programa de avales.

Ambos partidos se comprometerían además a no reducir la financiación de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación o ayudas sociales (si bien la demanda de estas últimas ha aumentado mucho).