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ANÁLISIS | Políticas anti-crisis

El problema de las grandes empresas

En el presente artículo, los autores se acercan al problema de la falta de capacidad crítica sobre la actuación de las grandes empresas, y solicita a los responsables públicos una actitud «más objetiva» en su análisis de las actuaciones de estas grandes corporaciones. En este mismo momento, nuestro país está sufriendo enormes pérdidas como consecuencia de decisiones estratégicas de estas grandes empresas sobre las que ni los medios de comunicación, ni los expertos universitarios, ni los responsables políticos dicen ni media palabra.

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Ekai Center

En este documento pretendemos hacer una reflexión no ya de los problemas de las grandes empresas en Euskal Herria sino, al contrario, del problema que el tratamiento de las grandes empresas supone en la economía vasca o, si se prefiere, en las políticas anti-crisis.

Ekai Center repetidamente ha evitado las fáciles simplificaciones habituales en el análisis de las ventajas e inconvenientes de pequeñas y grandes empresas. Ambas modalidades de empresa son necesarias y ambas deben ocupar un lugar fundamental en las políticas anti-crisis.

Sin embargo, el problema al que nos queremos acercar en este escrito es el de la dificultad de análisis objetivo de la realidad económica existente en Euskal Herria como consecuencia de la falta de capacidad crítica sobre la actuación de las grandes empresas.

Este problema afecta a dos realidades paralelas e interrelacionadas. Por un lado, a los medios de comunicación y, por otro lado, a los agentes y responsables políticos.

Lo que viene sucediendo de forma preocupantemente creciente durante las últimas décadas es que los medios de comunicación tienden a una evidente distorsión de la realidad económica a favor de las grandes empresas, junto a una altísima incapacidad de crítica con respecto a las mismas. Este hecho está, evidentemente, relacionado con el poder publicitario de estas empresas que, en el caso de las entidades financieras, se ve claramente agravado por su capacidad de influencia como proveedores de financiación de los medios.

Como consecuencia de esta realidad, la información de los medios de comunicación sobre la gran empresa tiende a ser sistemáticamente adulatoria, con excepciones en casos de alarma pública generalizada, o relacionados en ocasiones con la propia negociación de la cuantía de las inversiones publicitarias. Esta situación crea una cultura en la gran empresa en la que se entiende que la imagen social de la misma puede estar más relacionada con la cuantía y gestión de sus inversiones publicitarias que con la eficiencia y utilidad social de su actividad.

Por razones en ocasiones similares, algo parecido tiende a suceder con los responsables políticos, cuyas fuentes de información tienden a ser los propios medios de comunicación y que, además, evitan cuidadosamente enfrentarse a estas grandes empresas, entre otras cosas porque son conscientes del respeto con el que son tratadas por los medios de comunicación.

Esta situación genera, en primer lugar, un grave problema para el análisis objetivo de la realidad económica de Euskal Herria. En este mismo momento, nuestro país está sufriendo enormes pérdidas -miles de millones de euros- como consecuencia de decisiones estratégicas de estas grandes empresas sobre las que ni los medios de comunicación, ni los expertos universitarios ni los responsables políticos dicen ni media palabra. Esto supone una distorsión del análisis de la realidad que dificulta gravemente no sólo una comprensión de dónde están realmente nuestros problemas y nuestros retos, sino también el correcto enfoque de la política económica en general y de las políticas anti-crisis en particular.

Por último, todo esto genera un gravísimo problema de irresponsabilidad en este tipo de empresas, con las consecuencias de futuro que ello supone para el conjunto de la economía vasca.

En el análisis de estos problemas estratégicos generados por las grandes empresas es necesario diferenciar, por supuesto, entre empresas privadas y públicas (entendiendo por tales las controladas directa o indirectamente por organismos públicos).

Con excesiva frecuencia, algunas grandes empresas privadas tienden a caer en un régimen de irresponsabilidad como el indicado como consecuencia de problemas de gobierno corporativo (excesiva dilución de la propiedad, inactividad de los órganos de control...).

Dada su repercusión sobre el interés general del país, parece evidente que los responsables políticos no deberían desentenderse de este tipo de problemas por el hecho de que se trate de entidades privadas, sin perjuicio de tener en cuenta que las específicas actuaciones que puedan o deban desarrollarse al respecto deberán necesariamente tener en cuenta el carácter privado de estas entidades.

Sin embargo, la responsabilidad política directa de los dirigentes públicos afecta, por supuesto, a las empresas controladas por organismos públicos. Que determinados gestores de estas entidades se sitúen en el entorno de irresponsabilidad que hemos expuesto es algo inaceptable y directamente imputable a las instituciones a las que compete su control y supervisión. Si algo no debería jamás tolerarse a una entidad bajo control público es que sus directivos utilicen los recursos publicitarios y financieros para defender su imagen personal en los medios de comunicación.

Nuestros responsables públicos deben ser, en definitiva, más objetivos en su análisis de las actuaciones de las grandes empresas y asumir sus responsabilidades sobre las actuaciones de las mismas, especialmente las que -por su dimensión- tienen una clara trascendencia macroeconómica. Como hemos dicho, no estamos aludiendo a un mero problema teórico o conceptual, sino a miles de millones de euros que Euskal Herria ha dilapidado como consecuencia de decisiones estratégicas disparatadas y sobre las que existe una preocupante falta de transparencia, información pública y, como consecuencia, falta de capacidad de reacción.

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