El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció su intención de acudir a la ONU para evitar que el Tribunal Penal Internacional (TPI) intervenga en el desarrollo de las conversaciones con las FARC-EP en La Habana. Santos defenderá su Marco Jurídico para la Paz en la Asamblea General de la ONU.

Esta normativa, rechazada por la guerrilla por tratarse de una iniciativa de carácter «unilateral», prevé la suspensión de la ejecución de las condenas a guerrilleros o cumplimientos alternativos a la cárcel, como la prisión domiciliaria o vigilada mediantes mecanismos electrónicos como brazaletes.

En la rueda de prensa ofrecida el 26 de agosto en La Habana tras una breve «pausa» en los diálogos, la delegación de la guerrilla «dejó claro de una vez por todas que no habrá sometimiento de las FARC-EP a ningún marco jurídico con diseños unilaterales».

«¿Se imaginan un marco jurídico unilateral que lo convierte en juez y parte, siendo el Estado victimario y generador de la confrontación? ¿Y que tal una Corte Penal Internacional injerencista y sesgada que muy poco o nada sabe del conflicto interno colombiano? Y como si fuera poco, EEUU pidiendo guerrilleros en extradición como venganza por la histórica defensa que hemos hecho de la soberanía», remarcó. «El regalo de las curules -escaños- no lo queremos, si es con el precio de que mientras algunos de los nuestros van al Congreso, a otros se les destina a ocupar sitios tras las rejas o condenados a la extradición», subrayó.

Hace unas semanas, el fiscal general del TPI, Fatou Bensouda, envió una carta al Gobierno colombiano advirtiendo de que el organismo podría asumir la competencia de juzgar a miembros de la dirección de las FARC en caso de que no lo haga la justicia colombiana.

«El Tribunal depende de la ONU y es un órgano en el que la última palabra la tienen en el Consejo de Seguridad. Hay ciertas decisiones que puede tomar la ONU por encima de cualquier otra circunstancia», manifestó Santos a Blu Radio.

El presidente defendió la soberanía colombiana a la hora de resolver el conflicto, así como su intención de acudir a la ONU porque «esa discusión es importante tenerla para que las voces fundamentalistas no lo sean tanto que nos impidan llegar a la paz. Muchos jueces y voces internacionales me dicen que estamos sentando doctrina y que no podemos ceder ante ciertas presiones porque hacia el futuro podrían obstaculizar».

En una entrevista con la revista colombiana «Semana», Luouise Arbour, presidenta del International Crisis Group y fiscal de los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, sostuvo en relación a cómo aplicar la justicia transicional en procesos de resolución de conflictos que se «debería dejar de hablar de cárcel. Es muy simplista y provocador. La privación de la libertad es un asunto serio. No hay que apegarse a un modelo de encarcelación propio del siglo XIX; hay muchas otras formas. Por ejemplo, la admisión de culpa, disculpas, proveer información que de otra manera el Estado jamás adquiriría. Las FARC pueden haber hecho cosas terribles pero se debe mirar toda su historia. Se tiene que construir un sistema flexible dentro de un marco que reconozca que debe haber alguna sanciones penales para los delitos más graves».

Incidió también en la necesidad de «dejar de ser rehenes de la conversación de los extremos y hablar con aquellos que de buena fe buscan algo que funcione. ¿Que creemos que puede funcionar que mezcle los principios y el pragmatismo? Eso es sobre lo que se debe hablar».

Las conversaciones de La Habana se reanudan hoy y aunque siguen discutiendo el segundo punto de la agenda -garantías para la participación política-, con toda probabilidad el Marco Jurídico de la Paz y el rechazo de la Corte Constitucional a suspender las condenas a los dirigentes de las FARC marcarán este nuevo ciclo.