Según el acuerdo alcanzado el jueves y firmado ayer por los departamento de Hacienda de Gasteiz y Madrid, la CAV podrá cerrar el ejercicio 2013 con un déficit del 1,2% del PIB, tal y como estaba establecido para las comunidades autonómicas que cumplieron el objetivo del pasado año, lo que permitirá contar con alrededor de 330 millones más de ingresos, mientras que el déficit fijado para el próximo año se queda en el 1%.

El Ejecutivo de Urkullu, que se negó a aceptar esa cifra en la reunión que mantuvo el Gobierno español con todas las comunidades autonómicas y pidió una reunión bilateral para tratar el asunto, aspiraba a elevar el déficit al 1,3%. Finalmente, el porcentaje se ha mantenido en el 1,2%, aunque el Gobierno de Rajoy ha accedido a que esa décima menos se complemente con una capacidad de endeudamiento «adicional» de 150 millones que se destinarán a préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la financiación de empresas y que, según este pacto, no se contabilizará dentro del déficit ordinario.

Iñigo Urkullu señaló ayer que se trata de un acuerdo «satisfactorio para ambas partes» y destacó la décima más de endeudamiento concedida para la gestión de los créditos del BEI.

Los detalles del pacto tendrán que ser notificados a las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que, antes de conocer esta flexibilización del déficit, ya venían manteniendo diversas reuniones para estudiar el destino de dichos fondos, que podrían dirigirse a la puesta en marcha de un plan de reactivación económica e impulso al empleo.

Fuentes de la Diputación guipuzcoana indicaron ayer que aguardan a conocer los detalles de dicho pacto bilateral antes de pronunciarse al respecto, y anunciaron que será en el próximo Consejo Vasco de Finanzas, previsto para mediados del próximo mes de octubre, donde se podrían estudiar los proyectos a impulsar con esta financiación, aunque también consideran imprescindible abordar cuestiones como la reforma de la fiscalidad, la lucha contra el fraude, la Ley de Estabilidad, la de Cupo y la de Aportaciones.

En cualquier caso, reiteraron que son las Juntas Generales de cada territorio las que tienen que decidir sobre el destino de dichos fondos que, en virtud de la Ley de Aportaciones, serían en un 70% para el Gobierno de Gasteiz y en un 30% para las diputaciones. Estas, a su vez, se lo repartirían por coeficientes horizontales: un 50% Bizkaia, un 33% Gipuzkoa y un 17% Araba.

Instituto Vasco de Finanzas

Precisamente ayer se hizo público el nombramiento del director del nuevo Instituto Vasco de Finanzas (IVF), un organismo que gestionará los créditos del BEI que podrían recibir ahora las instituciones vascas tras el relajamiento del déficit.

Este Instituto, que el lehendakari comparó ayer con organismos como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), fue proyectado por el Gobierno de Ibarretxe en 2008 pero no llegó a funcionar, y ahora vuelve a ser impulsado por el ejecutivo de Urkullu bajo la dirección de Iñaki Garay Ibáñez -director de Osakidetza entre 2001 y 2005-, cuya designación publicó ayer el Boletín Oficial del País Vasco.

El pacto suscrito ayer se produce después de que a finales de mayo Bruselas permitiese al Estado español flexibilizar su objetivo de déficit del 4,5% al 6,5% este año y diese dos años más para reducirlo por debajo del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, eso sí, a cambio de concluir las reformas de pensiones, laboral y tributaria.