Que aquellas personas divorciadas que lo necesiten puedan tener derecho a una vivienda de alquiler social es una de las aportaciones con las que la Federación de Madres y Padres Separados pretende enriquecer la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ella misma promovió en la pasada legislatura en el Parlamento de Gasteiz para reconocer por ley la custodia compartida como modelo preferente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y que se proteja a los menores en procesos de separación.

El coordinador de Kidetza, Justo Sáez, dio a conocer estas novedades en una rueda de prensa celebrada ayer en Donostia, en la que también participaron el vicepresidente de esta federación, Pedro Cruz, y su secretaria de Igualdad, Arantza Copero.

Durante la comparecencia, Sáez explicó que, en lo que respecta a la vivienda de una pareja divorciada, la nueva legislación debería «dejar claro que se debe preservar el interés del menor» y «estudiar las diferentes casuísticas para ver si todas quedan recogidas» en la nueva normativa.

Sáez recordó, en este sentido, que no solo los hombres se ven afectados al verse obligados a dejar el hogar familiar tras un divorcio, sino que también las mujeres se ven afectadas cuando deben «repartir» la vivienda conyugal con sus exmaridos en el momento en el que los hijos cumplen 23 años y ellas se encuentran con que «nadie les da un crédito, no tienen dónde ir, no tienen posibilidad de acceso a ninguna ayuda y se quedan en la calle».

Fondo de garantía social

El coordinador de Kidetza demandó además que la nueva normativa recoja una disposición transitoria que incluya la puesta en marcha de un fondo de garantía social para cubrir el impago de pensiones.

Asimismo, explicó que si la inclusión de la custodia compartida como concepto en la legislación genera «recelos» en algún grupo político, se sustituya por la jurisprudencia del Tribunal Supremo español que prevé que esta modalidad de custodia se adjudique «siempre que no resulte perjudicial para el menor».

Por su parte, Pedro Cruz destacó que una ley vasca de «apoyo integral» a los divorciados con hijos permitiría reducir los contenciosos, además de «defender el derecho de los menores a relacionarse en igualdad de condiciones con ambos progenitores y hacer cumplir la obligación de éstos de cuidarlos, educarlos y mantenerlos».

Respecto al Anteproyecto de Corresponsabilidad Parental del Gobierno español, Justo Sáez consideró que constituye un «avance sobre el anterior», a pesar de lo cual su asociación no comparte el hecho de que el juez pueda «imponer la custodia compartida» sin que ninguna de las partes lo pida. Igualmente rechazó que se sitúe «al mismo nivel» la custodia compartida y la monoparental, «dejando en manos del juez la decisión».

Sáez destacó finalmente la necesidad de que se generalice un servicio de mediación «intrajudicial» y de que «quede claro» el derecho del menor a «vivir dignamente con ambos progenitores», así como «el derecho de estos a una vivienda digna lo antes posible».