Según el sindicato policial SUP, el teniente coronel de la Guardia Civil Manuel Sanchez Corbí «es el sucesor del general Rodríguez Galindo en la defensa del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo esencia de la Patria por encima de todas las instituciones».

Dicho teniente coronel fue condenado por torturar en 1992 a Kepa Urra y no parece que sea el único que merece ese apelativo de sucesor de Galindo entre los implicados en el mencionado caso de torturas. Un caso en el que por primera y última vez se impuso una condena mínimamente seria a algunos de los torturadores: más de cuatro años de prisión a cada uno de los tres guardias civiles condenados. Eso sí, a instancias del fiscal, el Tribunal Supremo rebajó la pena a un año, evi- tando así su ingreso en prisión.

Seguro que tuvo mucho que ver en aquella decisión el hecho de que dos de los torturadores eran servidores muy importantes del Estado: el mencionado Sánchez Corbí, responsable de la coordinación con Francia en la lucha antiterrorista, y José María de las Cuevas Carretero, destinado en la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil.

Según informó «El País», el mismo año en que fueron condenados, 1997, el primero fue condecorado con una cruz de plata, otra blanca y dos rojas (remuneradas de forma vitalicia) y el segundo con dos blancas. Ese mismo año, el entonces presidente Aznar los recibió en la Moncloa y después el Gobierno les indultó la inhabilitación especial de seis años que les había sido impuesta, y que conllevaba su expulsión del Cuerpo.

El CAT, Comité contra la Tortura de la ONU, consideró que el indulto tenía «el efecto práctico de otorgar impunidad a la tortura y alentar su repetición» e instó a las autoridades españolas a informar al Comité, en un plazo de 90 días, sobre las medidas adoptadas para que se impusieran «penas adecuadas a los autores de actos de tortura» y el torturado recibiera «una reparación completa».

Como tras otras resoluciones sobre la tortura de organismos de la ONU, las últimas referidas a los casos de Orkatz Gallastegi y Mari Atxabal, las autoridades españolas hicieron caso omiso y no tomaron medida alguna. Y lo que es aún peor, mientras Urra sigue en prisión más de 20 años después, los torturadores han seguido siendo ascendidos y promocionados.

Sánchez Corbí, teniente cuando torturó a Urra, ascendió a capitán en el curso del proceso por torturas y una vez indultado fue nombrado de inmediato comandante. Pronto será coronel, paso previo al generalato, y ya hemos visto lo que opina el SUP sobre él.

En cuanto a de las Cuevas Carretero, ex-militante de la ultraderechista Fuerza Nueva de Blas Piñar, era sargento cuando torturó a Urra; tras ser condenado, hizo el curso de alférez, de manera ilegal, y después ascendió primero a teniente y más tarde a capitán.

Fue, además, elegido para recibir a los miembros del CPT, Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que realizaron una visita a España en 2001. Ello da buena medida de su peso e influencia y también, una vez más, del nulo respeto con el que tratan las autoridades españolas a todos los organismos internacionales que trabajan contra la tortura: eligieron a un torturador indultado para recibir al CPT y no hacen ni caso a las recomendaciones de ninguno de ellos.

También es bien interesante observar la trayectoria de otros tres guardias civiles implicados en el caso Urra. Empezando por Arturo Prieto Bozec, el instructor del caso, que fue doblemente condenado en otros tantos juicios por torturas a varios detenidos junto con Urra. Como tantas otras veces, el Tribunal Supremo anuló ambas sentencias, y es en la actualidad el teniente coronel Jefe de la Comandancia de Murcia.

Otros dos agentes «visitaron» a Urra en el hospital donde estaba ingresado. Una enfermera oyó sus gritos de socorro y encontró al detenido sangrando por la boca, pero la sentencia mantuvo la presunción de inocencia para ambos guardias que hoy ocupan puestos de estratégica importancia.

El teniente coronel Alejandro Hernández Mosquera, que estuvo destinado en la embajada en París, fue nombrado a principios de año nuevo director del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno. Y el también teniente coronel Diego Pérez de los Cobos fue asesor personal de Alfredo Pérez Rubalcaba, en tanto que director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, y sigue asesorando a su sustituto Jorge Fernández Díaz. Según medios periodísticos, es «un hombre fundamental» en las decisiones adoptadas respecto a los presos políticos vascos.

Cabe recordar quién cumplía idéntica función cuando empezaron a dispersar a los presos políticos vascos: el teniente coronel Rafael Masa, condenado en el caso de torturas de Tomás Linaza, padre del militante de ETA del mismo nombre. Sí, el mismo guardia civil que dio tanto de qué hablar en relación a la guerra sucia y el asesinato de Santi Brouard. Al final, acabó en la cárcel por narcotráfico a gran escala: 188 kilos de cocaina. Por poco tiempo, eso sí.

Es de destacar también que un hermano de Pérez de los Cobos, Francisco, es el Presidente del Tribunal Constitucional, del que no han parado de hablar desde que se supo que era militante del PP, y que lo había ocultado.

He ahí otra flagrante prueba de la impunidad de la que gozan los torturadores en el Estado español: cinco de los guardias civiles implicados en las torturas que sufrió Kepa Urra ocupan hoy día altos cargos y es más que probable que, en un futuro no lejano, a la mayoría de ellos les impongan, como a Galindo, el fajín de general.

No es nada de extrañar, porque en lugar del justo castigo que demandan todos los prestigiosos organismos internacionales que trabajan por erradicar esa terrible lacra, lo que normalmente reciben los torturadores españoles son indultos, medallas y ascensos a puestos de vital importancia.