El Ministerio español de Industria, Energía y Turismo cargará con un «peaje de respaldo» a los usuarios con autoconsumo conectados a la red que generen la electricidad para uso propio, según consta en el proyecto de real decreto que regulará esta actividad.

Este peaje será aplicado con el argumento de que, desde el momento en el que el autoconsumidor está conectado al sistema eléctrico, «está disfrutando del respaldo que le ofrece el conjunto de la infraestructura, aun cuando esté consumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada».

La propuesta ha caído como un jarro de agua fría entre quienes esperaban que el autoconsumo fuera una alternativa de consumo eléctrico al impuesto por el oligopolio de las cinco grandes compañías del sector, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP.

Precisamente, es la patronal de este sector, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) -que representa a esas cinco empresas- el único aliado que han encontrado el Gobierno español para llevar adelante su proyecto.

Unesa mantiene que los «autoconsumidores» deben pagarlo «porque están obligados, como cualquier otro consumidor eléctrico, a pagar a través de su factura los costes regulados del sistema». Si no se estableciera dicho peaje, asegura la patronal, estos consumidores y productores de electricidad «dejarían de contribuir al pago de la distribución, el transporte y las primas a las renovables», de modo que el coste «recaería en el resto de los consumidores, que tendrían que pagar más en concepto de costes regulados, para compensarlo y para evitar nuevos aumentos del déficit».

Críticas hasta de la CNE

Las voces contrarias a este canon han llegado desde los sectores más diversos del espectro social y político. Hasta la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se suma a la opinión de «una gran mayoría» de los miembros de su Consejo Consultivo y pide al Ministerio de Industria que elimine el nuevo peaje de respaldo al autoconsumo de electricidad.

En su informe sobre la nueva regulación de autoconsumo, la CNE adopta esta decisión al considerar que el nuevo peaje ideado por Industria para quienes produzcan su propia electricidad es discriminatorio y hace inviables los proyectos, lo que va en el sentido contrario de las directivas comunitarias sobre eficiencia energética.

La CNE también advierte de que la propuesta de real decreto «sacrifica la eficiencia económica a medio y largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto plazo», ya que tiene como objeto recuperar «costes en gran parte hundidos que preceden en el tiempo al autoconsumo y no son achacables a él».

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió la retirada inmediata de la propuesta, después de que la CNE aceptara las alegaciones que le envió la organización ecologista frente «al lobby de las eléctricas». Según declaraciones de Julio Barea, responsable de Energía de Greenpeace, las empresas eléctricas han identificado el autoconsumo como una amenaza para sus intereses oligopolísticos, pero en realidad «es una herramienta de ahorro que ayudará a los ciudadanos a hacer frente a la crisis e impulsará un nuevo desarrollo».

Entretanto, EH Bildu presentó en el Parlamento de Gasteiz una proposición no de ley para que el Ejecutivo de Urkullu destine partidas concretas para el impulso del autoconsumo y palíe los efectos que tendría, si se aprueba, la propuesta del Gobierno español para regular las renovables y la cogeneración.

En opinión de la coalición abertzale, el decreto pretende «golpear con dureza el autoconsumo energético en el Estado», en lugar de «aumentar la competencia en el sistema y reducir la dependencia respecto a las grandes empresas energéticas».