En conjunto, las expectativas generadas por el reciente acuerdo entre PNV y PSE desde la perspectiva de la lucha contra la crisis financiera y la evolución económica de Euskadi están siendo, en nuestra opinión, excesivas.

En síntesis, el elemento más positivo de este pacto debería ser, probablemente, finalizar con el desesperante estancamiento en el que se encuentran nuestras políticas públicas en general, y nuestras políticas anticrisis en particular, como consecuencia de la aparente dificultad o imposibilidad de desarro- llar una labor de Gobierno eficiente en Gasteiz sin un acuerdo estructural con alguno de los grupos de oposición.

No es objeto de este documento cuestionar si un gobierno en minoría puede o no gestionar eficientemente nuestra comunidad. De cualquier forma, si este acuerdo entre PNV y PSE sirve para que se empiecen a desarrollar políticas anticrisis ello sería, en principio, un importante paso adelante.

Sin embargo, no es fácil ir mucho más allá en las valoraciones a realizar de lo pactado entre ambos partidos.

Cuatro ámbitos fundamentales se desglosan en dicho acuerdo: Impulso de la economía productiva y la creación de empleo. Fiscalidad. Lucha contra el fraude y nuevo sistema tributario. Revisión de la arquitectura institucional vasca y reforma de la Administración. Sostenimiento de nuestro modelo social y los servicios públicos esenciales.

Como es de suponer, el punto referente a la revisión de la arquitectura institucional y reforma de la Administración se basa en la línea política que viene siendo defendida por el PSE y carece de una relación directa significativa con las políticas anticrisis.

El sostenimiento del modelo social y los servicios públicos es un concepto aceptado por el conjunto de los grupos políticos y ya aplicado por el actual Gobierno, por lo que no supone un cambio sustancial sobre la situación actual.

Distinto carácter tienen los compromisos sobre fiscalidad. Se basan también en un importante consenso alcanzado durante los últimos años entre las distintas fuerzas políticas vascas y que, sin embargo, por razones de relación o imagen política, no acaba de centrarse a nivel del conjunto del territorio. Aunque sí se ha puesto en marcha, en lo fundamental, en Gipuzkoa.

En este ámbito, por lo tanto, la virtualidad de este pacto, más que en los contenidos radica, como hemos dicho, en el pacto en sí mismo, en la medida en que permita poner en marcha los mecanismos de reforma fiscal que, de una forma u otra, las distintas fuerzas políticas venían reclamando.

No hay novedades de gran alcance, como vemos, en ninguno de los tres ámbitos citados. El que, en nuestra opinión, debería haber sido el punto central es precisamente el del «Impulso de la economía productiva y la creación de empleo».

En este último ámbito, no es fácil hacer un diagnóstico preciso antes de conocer el desglose de los puntos pactados en el acuerdo.

En conjunto, sí podemos decir que, como viene siendo habitual en nuestra clase política, el planteamiento de este acuerdo es excesivamente «administrativista» para ser eficaz. Nos referimos al excesivo peso que se atribuye a la actividad de la administración pública y, en lo que respecta a las políticas anticrisis, a la política fiscal.

Una gestión ordenada y eficiente de los gastos e ingresos públicos, incluyendo la defensa de los servicios básicos y la necesaria reforma fiscal, es necesaria, pero no es, en ningún caso, ni lo que nos va a sacar de la crisis ni lo que va a garantizar nuestra capacidad de desarrollo a medio y largo plazo.

Nuestro reto está, a medio plazo, en mantener la inversión productiva y, a medio y largo plazo, en incrementar de forma acelerada nuestro equipamiento tecnológico.

Necesitamos romper de una vez con cerca de una década de estancamiento en nuestro proceso de avance tecnológico. Dejar de despistarnos con problemas que no son nuestros y con retos que no son los fundamentales. Y centrarnos, de una vez por todas, en las claves de nuestro futuro económico, que son:

a) El reposicionamiento de nuestro sistema financiero como un instrumento clave al servicio de nuestro tejido empresarial. b) Un nuevo impulso del nivel de nuestro equipamiento tecnológico. c) Un nuevo impulso en la formación de nuestros trabajadores.

Todo esto requiere, por supuesto, recursos presupuestarios, que hasta ahora han preferido dedicarse a otros objetivos. Pero también, cuanto antes, abordar las reformas estructurales básicas más urgentes:

a) Definición y aplicación de las políticas a desarrollar con respecto a nuestro sistema financiero. b) Reforma educativa en general y del sistema de formación profesional y del sistema universitario en particular. c) Reforma del sistema vasco de innovación y de las políticas de financiación de la innovación.

Sin abordar estas políticas de forma urgente y sin un destino creciente y masivo de recursos a las mismas, es imposible que este país recupere posiciones competitivas a medio plazo. Si salimos de la crisis, será porque otros nos arrastren. Pero estamos en un momento clave para que Euskadi se posicione a medio y largo plazo bien como un país industrial avanzado o bien como un país en declive, junto al resto de los países periféricos europeos. Las políticas que estamos desarrollando durante la última década nos llevan por el segundo camino.