La Comisión Nacional de Competencia (CNC) concluye el análisis del Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico precisando la necesidad de que «garantice su sostenibilidad económica y financiera» y recomienda «obtener los objetivos de garantía de suministro, calidad y menores costes, en la necesidad de asegurar una competencia efectiva en el sector eléctrico». Porque, a su juicio, tiene que imperar «la necesidad de garantizar una competencia efectiva entre los operadores del sector».

En el informe de 39 páginas señala que los niveles de competencia en el mercado mayorista de la electricidad son «claramente insuficientes» y que la reforma energética aprobada por el Gobierno del PP «no introduce ninguna medida para solucionar» esta carencia.

La CNC cuestiona «el sistema de retribución de las tecnologías de generación, que establece una rentabilidad fija para distintas instalaciones productivas que representan una parte importante de la oferta». Por lo que entiende que ese modelo puede introducir «incentivos perversos para las empresas a la hora de ofertar en el pool, de manera que se distorsione la competencia».

El órgano de control de la competencia entiende que es «imprescindible» que el régimen que se arbitre para el autoconsumo «no resulte arbitrario ni desproporcionadamente restrictivo». Porque entiende que «puede ser una fuente importante de presión competitiva en el sistema y para el resto de suministros convencionales».

Respecto del apoyo al carbón autóctono, la CNC pide que se elimine esa medida porque «ha demostrado que produce alzas en el precio de la electricidad» y porque, a su juicio, «no es compatible con un mercado en libre competencia, al margen de su posible incompatibilidad con el régimen de ayudas públicas de la UE». En la ultima parte del informe, este órgano de la competencia explica que se deben fijar «mecanismos concretos que refuercen la separación de actividades de generación, distribución y comercialización de la electricidad para incentivar la competencia entre operadores del sector».

Por último, explica que el cambio de la tarifa de último recurso por el precio voluntario para el pequeño consumidor es «más formal que real, ya que no se producen avances liberalizadores de algunas tarifas».