pacto PNV-PSE
Sube el IRPF pero se mantiene el trato favorable a empresas y rentas de capital
Joseba SALBADOR | DONOSTIA
Las medidas tributarias incluidas en el pacto entre PNV y PSE se centran principalmente en las modificaciones del IRPF, lo que supondrá una subida de impuestos para los asalariados, si bien otros gravámenes que afectan a los sectores con mayor capacidad económica, como el de Sociedades o el de las rentas de capital, apenas sufren modificaciones. Incluso hay aspectos como el Impuesto de Patrimonio para el que PNV y PSE no hacen ninguna propuesta.
Tal y como adelantaba este diario el pasado mes de junio, los cambios más llamativos se centran en el IRPF, donde se incorpora exactamente la misma escala aprobada en Gipuzkoa por EH Bildu y PSE, con nuevos tramos para bases liquidables superiores a 91.370 euros, con un tipo máximo del 46%, que sería del 47% para rentas superiores a 121.820 euros, y del 49% para las mayores de 177.650.
Esta propuesta supone un importante cambio con respecto a los tramos impulsados hasta ahora por el PNV en instituciones como la Diputación de Bizkaia, donde el gravamen era del 40% para bases liquidables de entre 44.580 y 63.680 euros, y a partir de esa cifra solo existía un único tramo del 45%.
Otro de los aspectos en los que el acuerdo entre PNV y PSE se acerca a la norma de Gipuzkoa es el referido a las deducciones por vivienda habitual, donde se establecen algunas limitaciones al incentivo fiscal, como la reducción del importe máximo anual deducible desde los 1.800 euros vigentes en Bizkaia y Araba a los 1.530 euros de Gipuzkoa o a 1.700 en el caso de los jóvenes y las familias numerosas. Eso sí, aunque antes del verano el PNV propuso bajar el porcentaje de la deducción al 15%, finalmente se ha mantenido en el 18%.
En cuanto al tratamiento especial de las EPSV, el acuerdo suscrito ayer también modifica la cuantía de la aportación personal máxima anual de los 6.000 euros vigentes en Bizkaia y Araba a los 5.000 de Gipuzkoa. Al mismo tiempo, elimina los incrementos previstos actualmente para mayores de 52 años, así como la deducibilidad de las aportaciones una vez cumplida la edad de jubilación, e impide la deducción fiscal de las aportaciones de las cantidades percibidas o rescatadas en el mismo ejercicio.
Otra de las modificaciones más llamativas hace referencia al régimen de módulos de estimación de ingresos para profesionales, ya que plantea directamente su eliminación, aunque sí propone para el sector primario -agricultores y pescadores- «un nuevo régimen de estimación directa simplificada».
Rentas de capital
La mayor parte de las modificaciones introducidas en el IRPF, por tanto, suponen un incremento de los gravámenes que afectan en mayor medida a las rentas de trabajo. Por el contrario, el tratamiento de los apartados que afectan a los sectores con mayor capacidad económica apenas sufren modificaciones y si las tienen, no suponen ningún incremento de las cargas impositivas.
Es el caso de las rentas de capital, que pueden acogerse a los tipos mínimos. En la propuesta inicial presentada antes del verano, el PNV proponía mantener los tramos vigentes en Bizkaia y Araba, que gravan con un 20% los intereses de las rentas de hasta 10.000 euros y con un 22% entre los 10.000 y los 20.000.
El acuerdo firmado ayer modifica este planteamiento inicial y establece la misma escala de tramos fijada en Gipuzkoa del 21%, 23% y 25%, aunque las cuantías de las bases liquidables varían sustancialmente. Así, en el primer tramo del 21% se incluyen las bases liquidables de hasta 15.000 euros -en Gipuzkoa la cuantía está en 1.500-, en el segundo tramo, para los siguientes 15.000 euros -en Gipuzkoa, 8.500- y el último, para el resto. De esta forma, la mayor parte de las bases liquidables pueden acogerse al 21%.
Por otra parte, el acuerdo entre PNV y PSE no contempla ninguna propuesta para el Impuesto sobre el Patrimonio y evita hacer mención al Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas que entró en vigor en Gipuzkoa en enero de 2013 y que posibilita la desaparición del «escudo fiscal» o límite conjunto con el IRPF, que permitía a las grandes fortunas tributar muy por debajo de lo que les correspondería, ya que establecía un techo de pago del 60% del total de la renta declarada.
Impuesto de Sociedades
El Impuesto de Sociedades es el apartado que mejor evidencia la postura contraria de ambos partidos a gravar los beneficios empresariales. Según se especifica en el documento presentado ayer, esta postura tiene como objetivo «conseguir el fortalecimiento y la competitividad de nuestro tejido productivo, así como la generación de riqueza y la creación de empleo».
Para ello, y aunque se establece que la aplicación de las deducciones «no puede dar lugar a que la cuota efectiva sea inferior, con carácter general al 13% de la base imponible», lo cierto es que se mantienen gran cantidad de deducciones que reducen considerablemente el tipo general fijado en el 28% y en el 24% para las pymes.
Para el caso de las pequeñas empresas o microempresas, establece que la reducción de la cuota líquida por aplicación de las deducciones no puede dar lugar a que la cuota sea inferior al 11% de su base imponible. En el caso de las cooperativas, estos porcentajes son del 9% y del 8%.
A partir de esta base, el acuerdo reduce en dos puntos la cuota de las empresas «que mantengan o incrementen su plantilla laboral», con lo que la base imponible se reduce, con carácter general al 11%, al 9% para las pequeñas empresas o microempresas, y al 6 y 7% para las cooperativas.
Tipos efectivos mínimos
Además de ello, establece medidas de compensación para fomentar la capitalización de las compañías en forma de reducción en la base imponible del incremento del patrimonio neto, lo que permitirá reducir aún más los tipos efectivos, tal y como podría suceder con la reducción en la base imponible del 60% de las cantidades dotadas a una reserva «para fomentar la actividad productiva y el emprendimiento».
Por último, y pese a reconocer que en ocasiones se realiza «una utilización inadecuada», prevé el mantenimiento de las deducciones por I+D-i, así como por creación de empleo o «conservación y mejora del medio ambiente», lo que podría acercar el tipo efectivo a cero.
Dentro del capítulo del Impuesto de Sociedades, el pacto fiscal suscrito ayer sí sigue la línea de las medidas aprobadas en Gipuzkoa en lo que a regímenes especiales se refiere. En este apartado, plantea la eliminación e incorporación al régimen general tanto de las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE) como de las Sociedades de Desarrollo Industrial y de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).
El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), apeló ayer a los grupos de la oposición a buscar el «consenso» para sacar adelante en las Juntas Generales alavesas, donde este partido carece de mayoría, una reforma fiscal que plantea deducciones a empresas y un «reajuste» de la tabla del IRPF «para no gravar más a las clases medias».
De Andrés estuvo acompañado por el diputado de Hacienda, Aitor Uribesalgo, quien defendió una política fiscal que no suponga aumentar la factura de las empresas, porque según dijo, «no son adecuadas para generar empleo». Así, la Diputación aboga por implantar una deducción adicional de 600 euros para las empresas que hagan nuevas contrataciones fijas o temporales, que se sumaría a la ya existente de 4.900 euros por empleo fijo.
Para las microempresas, que son las que tienen menos de cinco empleados y menos de 2 millones de euros de facturación, se fijaría una deducción de un porcentaje equivalente al euribor más dos puntos sobre las ampliaciones de capital desembolsadas en el año fiscal.
También se plantea, entre otras medidas, una deducción del 20% en el IRPF por la inversión realizada por particulares en microempreass y pequeñas empresas de nueva creación y una tributación reducida, con un máximo del 20%, en lugar del 24% actual, para empresarios individuales y autónomos en los dos primeros ejercicios que tengan beneficios.
Junto a las modificaciones en el IRPF, el diputado planteó una nueva deducción fiscal de 250 euros para las familias numerosas, una exención del 10% del importe íntegro del subsidio de paro y que se continúe con las deducciones por vivienda y por las EPSV «como garantía adicional para la jubilación». GARA
El acuerdo incorpora la misma escala del IRPF de Gipuzkoa, limita las deducciones por vivienda, modifica la cuantía de la aportación personal máxima anual para las EPSV y plantea la eliminación de las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE).
El pacto establece que sea el Parlamento de Gasteiz el que «debata y acuerde las líneas básicas de la fiscalidad vasca» y que los acuerdos alcanzados se trasladen a las Juntas Generales, donde ambos partidos «se comprometen a defenderlos y apoyarlos».
Pese a reconocer que en ocasiones se realiza «una utilización inadecuada», PNV y PSE prevén el mantenimiento de las deducciones por I+D-i, así como por creación de empleo o «conservación y mejora del medio ambiente».
En una concentración celebrada ante la sede de Lehendakaritza, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, opinó que el pacto suscrito entre el PNV y el PSE supone la «renuncia» de los jelkides a «hacer un camino propio» y, en aras a lograr una estabilidad institucional, busca que no cambien las políticas que han generado la actual crisis económica.
La secretaria general de la central sindical abertzale añadió que el pacto «perjudica gravemente al sector público» porque da por buenas las políticas desarrolladas hasta ahora y mantiene la dotación presupuestaria. «En el sector público todo va a seguir empeorando porque se opta por aumentar la jornada, por precarizar aún más las condiciones laborales, por recortar y empeorar la calidad del servicio», advirtió Etxaide, quien hizo por ello un llamamiento a los funcionarios a seguir movilizándose para lograr una alternativa a esta situación.
Recordó que en el preámbulo del pacto fiscal se reconoce que la responsabilidad de esta situación son las políticas que se impulsan desde Europa y desde Madrid, pero no se aboga por impulsar políticas propias «construidas desde Euskal Herrria y para Euskal Herria».
Por ello, insistió en que la mayoría parlamentaria que suman el PNV y el PSE «tiene alternativa» y se pueden conseguir medidas a favor del reparto del trabajo, de invertir en el sector público si hay una «mayoría social articulada movilizándose».
Entretanto, el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, aunque destacó que el acuerdo contiene medidas «adecuadas» para reactivar la economía y fomentar el empleo, matizó que «se ha quedado corto en la reforma de las tributaciones de las rentas del capital y del Impuesto de Sociedades». A su juicio, resulta «sangrante» que las rentas de ahorro partan de un tipo mínimo del 21% y las del trabajo lo hagan al 23%. Asimismo, sostiene que las deducciones permiten a muchas empresas declarar «por debajo» de lo que les correspondería, por lo que defendió suprimir todas, excepto las ligadas a inversiones, innovación y empleo. GARA
PNV y PSE proponen crear una comisión de lucha contra el fraude fiscal que será la encargada de elaborar un Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude, con la participación de los tres territorios históricos y el Gobierno de Lakua, en el seno del OCT.
