La consejera navarra de Salud, Marta Vera, se resiste a rescindir el contrato con la empresa adjudicataria del servicio de cocinas del Complejo Hospitalario, Mediterránea de Catering, tal y como le piden distintos partidos de la oposición, así como ciudadanos y trabajadores sanitarios en diversas movilizaciones.

En la comparecencia parlamentaria de ayer, realizada a petición de Bildu y Aralar-NaBai, Vera anunció que van a instalar cámaras de vídeo a lo largo de la cinta de emplatado «para asegurarse de que los platos salen en condiciones óptimas».

Indicó que por el momento se ha impuesto una sanción firme a MC. La pena establecida por el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea ascendía a 6.000 euros. Agregó que tienen una incoación de expediente sancionador de Salud Pública por una acumulación de incidencias de 50.000 euros y que fueron subsanadas en el primer trimestre del año. Según explicó la consejera, el expediente está en fase de valoración de alegaciones.

En una situación similar se encuentra la tercera incoación de expediente que se corresponde con las incorrecciones en las temperaturas de los carros. La propuesta de sanción es de 20.000 euros.

Respecto a las supuestas acusaciones vertidas contra la enfermería de falta de control en la alimentación, aclaró que fue «un malentendido inmediatamente resuelto» y que están «muy orgullosos» del colectivo.

«¿Pagan algún favor?»

La respuesta de la oposición fue diversa. Por un lado, la portavoz de Bildu Bakartxo Ruiz incidió en la necesidad de rescindir el contrato por la «incapacidad» de ofrecer un buen servicio. En un sentido similar, Asun Fernández de Garaialde, de Aralar-NaBai, insistió en la «mala calidad de las comidas» y preguntó a la consejera por su «empecinamiento» en mantener esta empresa y si están pagando «algún favor», a lo que Vera replicó que no caben insinuaciones así y que vaya a los tribunales. José Miguel Nuin (I-E) también exigió que se cancele el contrato.

En el lado opuesto, Antonio Pérez Prados (UPN) aseguró que «no ha estado en entredicho la seguridad alimentaria» y que «no hay privatización». Samuel Caro (PSN) se interesó por el límite para la rescisión y Enrique Martin (PPN) declaró que es «grave» que la empresa «siga presentando déficit» después de siete meses.

Vera defendió asimismo la reorganización de la Atención Primaria llevada a cabo y rechazó que suponga recortes, una privatización encubierta o el incumplimiento de la OMS o del Plan de Mejora de Primaria.