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De Amurrio a Laudio por cuatro vecinos que suman casi un siglo de cárcel y deberían estar libres

Manu González, Julen Fernández, Santos Berganza y José Ángel Biguri llevan 24 años en prisión, a merced de una política penitenciaria que alarga su condena cuando deberían estar libres. Herrira ha organizado una marcha este sábado de Amurrio a Laudio «para unir voces» por sus derechos.

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Nerea GOTI

Cuatro vecinos de Aiaraldea cumplen este mes 24 años en prisión. Los cuatro deberían haber recobrado la libertad años atrás, vencidas las tres cuartas partes de la condena, pero a Manu González, Santos Berganza y José Ángel Biguri se les ha aplicado además la doctrina 197/2006, por lo que deberán cumplir diez años más. También Julen Fernandez debió salir en noviembre de 2011 -recuerdan sus familiares- pero sigue en prisión porque le han revocado cuatro años de «redención ordinaria». «Y puede que después de esto llegue además la aplicación de la doctrina», explica su hermana Encarna. A la espera del próximo fallo de Estrasburgo, una luz en el oscuro túnel de la política penitenciaria, las familias de los cuatro presos apelan a la movilización ciudadana en los actos que ha organizado Herrira este sábado para que se reconozcan sus derechos.

El llamamiento se lanzó desde el Alto de Zaraobe, donde comparecieron familiares de los acuatro presos acompañados por distintas generaciones de vecinos del eskualde que conocen de cerca la realidad por la que atraviesan. A Manu Gonzalez, preso en Sevilla, a casi 900 kilómetros de casa, le aplicaron la doctrina antes de tener establecida la fecha de salida. Julen Fernández sigue preso en Valladolid, a 280 kilómetros, casi dos años despúes de la fecha en que debía haber recobrado la libertad. Y Santos Berganza, con fecha de salida de prisión el 15 de junio de 2011, continúa en Villena-Alicante, a unos 800 kilómetros de Amurrio.

Biguri, enfermo, cárcel hasta 2019

José Ángel Biguri, que debió salir de prisión en junio hace más de tres años, se encuentra en Martutene, gravemente enfermo, y le han alargado la condena hasta 2019. En marzo de 2011 le diagnosticaron cáncer de próstata. Está siendo tratado en consultas en el Complejo Hospitalario de Donostia, pero lo recomendable sería un tratamiento exhaustivo y continuo de la evolución de su enfermedad que garantice el control de la misma y una rápida intervención en caso de empeoramiento. La recuperación resulta dificilmente compatible con seguir en prisión.

La realidad de las cuatro familias se plasmó en una imagen tomada en un lugar simbólico, desde el que Herrira llamó a los vecinos de Aiaraldea «a salir a la calle y unir sus voces para interpelar a los responsables de esta vulneración de derechos».

Reclaman su inmediata puesta en libertad con el lema «24 urte, nahikoa da!», reivindicación que se expresará en una marcha a pie que arrancará este sábado a las 10.30 de la plaza de Amurrio, y que por el paseo lineal del Nervión atravesará Luiaondo y Gardea para llegar a la rotonda de Tubacex en Laudio a las 13.30. Están a la venta los tickets para participar en la comida popular, que tendrá lugar en el instituto de Laudio a las 15.00 y posterior bertso-saio. A las 19.00 una manifestación recorrerá las calles de Laudio para exigir la puesta en libertad de los cuatro presos, tras la que habrá un acto político.

La organización juvenil Ernai ha anunciado que se sumará a la movilización, a la que agregará un tramo, con salida de Urduña a las 9.00 para unirse después a la convocatoria de Herrira.

Etxerat informó ayer de la aplicación de la doctrina 197/2006 a otro prisionero vasco, el arrasatearra Gabriel Urizar Murgoitio. Detenido en 1985 en Sara, fue extraditado al Estado español, donde cumple condena desde 1986. Preso actualmente en Puerto II, Cádiz, tenía fijada la fecha de salida en enero de 2014, con la aplicación de la doctrina su condena se ha prolongado ahora hasta setiembre de 2016. La asociación de familiares y amigos recordó ayer que son ya 93 los presos afectados por esta medida y manifestó que «es necesario acabar con este sufrimiento» que afecta a presos, familias y amigos.

 

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