El Ministerio de Interior español empezó en enero los trámites para contratar vigilantes privados, entre ellos escoltas que han dejado de proteger a personas antes amenazadas por ETA, para asumir la seguridad exterior de los centros penitenciarios. Este plan, que ya ha comenzado en Iruñea y todavía no se ha hecho efectivo en la CAV, ha suscitado el enfado de casi todos los sindicatos con representación en las prisiones (ELA, CIG, CCOO, UGT y CSIF, salvo ACAIP).

Así, con el lema «Por unas Instituciones Penitenciarias Públicas. Murrizketarik ez», tuvo lugar ayer en Basauri una concentración, la primera celebrada en un centro situados en Euskal Herria. En ella, medio centenar de funcionarios denunciaron que «mientras se destruye empleo público, se ha comenzado a incluir vigilantes privados en 21 cárceles, en un intento de privatizar el servicio».

«Nos preguntamos qué necesidad hay de contratar empresas privadas, qué empresas son y quiénes están detrás», dijo Javier del Moral (ELA).