En lo relacionado con la superación del conflicto social y armado colombiano y el logro de una paz democrática y duradera nos acercamos a momentos cruciales y definitivos. La pregunta que conviene formularse hoy es si el presidente Juan Manuel Santos tiene la voluntad y disposición de llegar a un acuerdo adecuado con la guerrilla de las Farc y con el ELN, cuando se formalicen los tratos con dicha organización revolucionaria.

Para dar una respuesta se necesita hacer una balance de lo ocurrido hasta el momento, ver las proyecciones y conjeturas que se puedan sugerir sin ánimo dogmático o de profeta iluminado e infalible y más como un «testigo implicado» que en mi caso tiene un compromiso con las soluciones democráticas a la guerra civil que nos carcome.

Un marco analítico del sentido del proceso de paz que avanza en La Habana debe considerar que La Mesa de diálogos en funcionamiento tiene como objetivo central la superación de la violencia y el uso de las armas en el conflicto sociopolítico natural de la sociedad. Es por tal razón que la agenda establecida se refiere a unos mínimos sociales, políticos, económicos, jurídicos e internacionales. De manera más estricta a unas reformas que propicien la justicia social y la democracia participativa con garantías para los movimientos políticos que surjan como resultado de los acuerdos. Valorar el proceso desde un ángulo de máximos imposibles en el actual contexto, como la concreción de un cambio radical de todo el pluriverso (que no del universo) social es una distorsión absoluta. Un análisis materialista de clases, en la tradición marxista a la que adhiero, sugiere asumir el marco de las relaciones entre reforma y revolución a la manera como lo planteaba Rosa Luxemburgo en su momento. No hay, para los revolucionarios socialistas, una incompatibilidad ni un abismo entre las reformas/cambios parciales y la perspectiva de la construcción de una sociedad sustentada en los principios de la solidaridad, la propiedad comunitaria, la democracia radical, el respeto por los derechos de la madre tierra y la vigencia de los derechos de todos y todas.

El hecho de que los militantes de la histórica resistencia campesina colombiana ingresen a otros escenarios de la lucha política democrática no significa renunciar o abandonar las banderas centrales del cambio socialista de la sociedad capitalista imperante y su conservador régimen político de exclusión. Sugerir conciliaciones o traiciones es elucubración de izquierdistas de escritorio o especuladores de cafetín que pasan por la vida sin pena ni gloria porque su disparate mental no tiene conexión con el movimiento real y material de la historia.

El recorrido del actual proceso de paz ya completa casi 40 meses. Ha sido una experiencia fértil y productiva.

Una primera fase de encuentros y conversaciones discretas entre delegados del gobierno y la guerrilla cristalizó en un Acuerdo General para la terminación del conflicto que se anunció en Oslo (Noruega), en el segundo semestre del año 2012.

La fase siguiente consistió en la organización de la Mesa de diálogos en La Habana, la capital de la República socialista de Cuba.

La plataforma de funcionamiento de dicho instrumento acreditaba una filosofía, unas reglas de funcionamiento, unos temas, unos procedimientos de implementación y unos principios de organización.

Han transcurrido 12 meses de duras jornadas de trabajo entre los delegados plenipotenciarios. Hasta el momento han sido tratados dos temas de la Agenda, el agrario y avanza el de la democracia participativa; se han realizado, con mucho éxito, dos foros con la sociedad civil y la semana que viene se dará el de los cultivos ilícitos, en el cual vamos a participar en Bogotá y en el Guaviare.

Las dificultades y obstáculos para el proceso han sido recurrentes. Temas como la duración y celeridad del proceso, la no discusión del modelo económico, el cese bilateral al juego, las muertes de líderes guerrilleros, las muertes de soldados, el marco unilateral para la paz, la justicia transicional, la vociferante cantaleta del señor Mindefensa (autorizada por su jefe), el referendo, la Asamblea Constituyente, las víctimas, las encuestas adversas a Santos, el sabotaje de la ultraderecha fascista, el cambio de gabinete y las potentes movilizaciones campesinas e indígenas, han gravitado en los diálogos, las posiciones y decisiones de las partes. Es el contexto que no se puede eliminar y hay que considerar paso a paso.

No obstante ese cúmulo de problemas la Mesa se ha mantenido y a estas alturas parece que todo se ha vuelto irreversible. Vamos hacia la paz producto de un gran acuerdo.

De manera objetiva hay que decir que al Presidente Juan Manuel Santos le cabe el mérito de haber dado el paso para abrir los diálogos. De igual manera de garantizar la permanencia de la Mesa en la Habana. No ignoro que sus intenciones se inclinan por la defensa de sus políticas y estrategias incorporadas en el Plan de desarrollo. Santos quiere «la paz liberal» para facilitar sus locomotoras minera/extractivista, agroindustrial, inversionista y tecnológica. Su paz busca normalizar el desarrollo del capitalismo colombiano en la era de la globalización neoliberal. Pero tal parece que lo quiere hacer sin los métodos de la violencia irracional del paramilitarismo feudal y las bandas criminales que desde los años 50 azotan las masas campesinas con millones de muertos y desplazados, que originaron la resistencia y lucha armada de las guerrillas revolucionarias.

Por supuesto que el proceso de paz es fruto de la voluntad de dialogo de las Farc que siempre han mostrado disposición por la solución concertada del conflicto armado.

Siendo ese el panorama de la paz, la pregunta que nos hacemos es la siguiente ¿Tiene disposición el Presidente Santos de alcanzar la solución del conflicto colombiano con la firma de un Acuerdo que le ponga fin? ¿Completará su principal obra de gobierno con un Tratado de paz que lleve a la presencia pacífica y democrática de las guerrillas en el espacio público democrático?

La respuesta, obviamente la tiene el Presidente, pero es muy probable que la misma sea afirmativa, sabiendo su manera política de proceder. No va a destruir lo andado hasta el momento que no es cualquier cosa. Atrás ha quedado lo más difícil de hacer. Ya se hizo escuela y preciso es avanzar

Si Santos quiere dejar una huella imborrable en la historia de esta República, no debería oponerse a que una Asamblea Constituyente de origen popular adelante la trascendental tarea de poner en un nuevo texto superior los acuerdos y desacuerdos de la Mesa de La Habana. Es la única garantía de que lo consensuado quede en firme para la construcción de otra Colombia.

En 1991 se reunió una Asamblea Constituyente y el resultado fue muy positivo, en circunstancias en que el asunto no figuraba en el imaginario popular. Hoy, la sociedad esta más familiarizada con el mecanismo de una Constituyente y el texto superior vigente indica procedimientos y formas para su convocatoria. Así que la ultraderecha no tendría argumentos para obstaculizarla. O si los tendría, pero su credibilidad sería nula aún disponiendo de algunos cupos en el Senado, según se ha oficializado la pretensión de aquel que nos quiere hacer creer que se puede meter a una piscina y no mojarse en ella o contaminarse de la criminalidad paramilitar, cuando fue artífice principal de su configuración y acción.

Un paso en esa dirección permitiría que los actuales actores comprometidos en la paz garanticen su presencia protagónica en el próximo tramo de la vida institucional o social de la nación. La reelección de Santos no debería ser un punto que estorbe el bien supremo de la paz.

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