La Comisión Europea ha dado cuatro meses de plazo al Gobierno español para que recupere 236 millones de euros de subvenciones que considera ilegales y que se concedieron en 2005 a operadores de plataformas de televisión digital terrestre para facilitar el despliegue de la TDT. El ejecutivo comunitario señala que «la medida española falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías».