LAB aseguró ayer que la nueva regulación en materia de protección social del trabajo a tiempo parcial «condena a las mujeres a la miseria». Zaloa Ibeas, secretaria del área de la Mujer e Izaskun García, secretaria de políticas transversales, analizaron las consecuencias del Real Decreto Ley 11/2013 por el que se modifican ciertas materias del trabajo a tiempo parcial para cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia europeo y el Tribunal Constitucional español que confirmaron que había una desigualdad manifiesta en el sistema de cómputo de cotizaciones de los trabajos a tiempo parcial, que son soportados fundamentalmente por las mujeres. Más del 7o% de quienes trabajan bajo ese contrato son mujeres.

Las dos se mostraron críticas con la resolución porque «vuelve a desaprovechar la oportunidad de establecer un sistema de pensiones justo e igualitario, que no discrimine a las mujeres, al apostar por medidas de parcheo que perpetúan la situación de discriminación».

García lamentó que no se entienda de esta manera por parte de CCOO y UGT , porque, «si bien la regulación disminuye el periodo de cotización mínimo exigido para acceder a la pensión de la jubilación, todas aquellas que no acrediten quince años de cotización, verán reducida su pensión en la proporción al periodo que le falte para alcanzar esa edad mínima para tener acceso a pensión».

LAB realizó un trabajo extenso de recogida de firmas, que después se entregaron en las oficinas de la Seguridad Social demandando el fin de esa discriminación. Fueron más de 7.000 solicitudes, como recordó Zaloa Ibeas, que criticó que «se ha aprovechado el verano para aprobar este decreto».

Izaskun García dijo que la nueva reglamentación otorgará «pensiones de miseria, ya que a pesar de que la mayoría de la pensiones serán complementadas, este complemento no podrá dar lugar a una pensión superior a la que le correspondería al trabajador como prestación no contributiva». Explicó que los firmantes del acuerdo establecieron «un coeficiente de parcialidad», que recorta de forma expresa las pensiones.

Tanto García como Ibeas pidieron un Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Prestación Social para «regular un sistema basado en la justicia y la solidaridad».