Según informaron desde el Ministerio de Hacienda, se trata de una cuantía teórica, basada en una autorización inicial, que ha considerado que todas las estructuras fiscales se han completado. Añadieron que será necesario analizar, caso por caso, el beneficio fiscal realmente obtenido. Para ello es necesario disponer de datos adicionales sobre la realidad de cada operación, así como sobre su ritmo de ejecución.

El escrito enviado a Bruselas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responde al cumplimiento de la decisión adoptada por la Comisión Europea (CE) en julio pasado en la que se solicitaba al Estado español información sobre las ayudas derivadas del régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, conocido como tax lease.

Por tal decisión, el Estado está obligado a proceder a la recuperación de las ayudas consideradas estatales y concedidas entre el 30 de junio de 2007 y el 29 de junio de 2011.

Proceso complejo

El próximo 28 de setiembre expira el plazo para recurrir la decisión de Bruselas sobre el sistema español de bonificaciones fiscales en la construcción naval. Según explicaron recientemente fuentes de Hacienda, el trabajo para fijar esta cantidad estaba siendo técnicamente complejo dados los diferentes agentes implicados y el volumen de documentación analizada. Antes de conocer las cifras concretas, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ya avanzó la semana pasada que será «muy inferior» a los 2.000 millones de euros de los que inicialmente se había hablado.

El pasado 17 de julio, el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para el sector naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la devolución se remontara a 2005. Tras esta decisión, el sector naval aseguró que se trataba de una medida «claramente discriminatoria e injusta» y solicitó al Gobierno de Rajoy que aminorase el impacto de esta decisión.

A principios de setiembre, el Ejecutivo acordó de forma «consensuada» con las comunidades autonómicas afectadas, las empresas y los sindicatos del sector naval la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Además, el Gobierno coincidió con los afectados en la necesidad de pasar página acerca de las devoluciones, y les presentó un paquete de medidas centradas en la facilitación del crédito.