El conflicto sobre las ayudas ilegales al sector naval no está despejado. Desde el sector vasco se asegura que «hay interés» por que cierren algunos astilleros, mientras que la asociación de los Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar) confía que a partir de la resolución del Gobierno español «se impulse la contratación de buques para el sector».

Pymar confirmó ayer que las devoluciones de los beneficios fiscales obtenidos en la contratación de barcos por la aplicación del tax lease, que el ministerio español de Hacienda ha cifrado en un máximo de 126 millones, afectan a 175 operaciones, según la gerente de la sociedad Pymar, Almudena López.

Esta patronal, incluso, admite que puede minorarse de las bonificaciones aplicadas en cada contrato. En este sentido, López reconoció que esa cifra es «más que razonable».

De 2.000 a 126 millones

Otros actores del sector naval no entienden cómo puede variar de 2.000 millones a 126 millones, y consideran que en todas estas operaciones se ha producido «un intento para reducir los astilleros por la vía de hecho». Pymar explicó ayer, sin embargo, que la decisión de la Comisión Europea «es injusta» y defendió la presentación de un recurso antes del 28 de setiembre ante la resolución de Bruselas. No obstante, el portavoz de la CIG, César Rodríguez, instó ayer en Vigo a los agentes implicados «a cerrar de una vez por todas el expediente del tax lease» para «empezar a trabajar con el nuevo sistema que, hasta ahora, no ha funcionado».

En ese sentido, el representante del sindicato gallego rechazó la decisión del Ejecutivo español de recurrir ante la UE el expediente y las devoluciones. «No tiene sentido, lo que no se hizo en dos años, no se va a hacer ahora en dos meses», indicó. Para la CIG es más importante que Pymar «recupere su papel como avalista de operaciones», y recordó la situación crítica del sector, con astilleros sin carga de trabajo, regulaciones laborales, y una industria auxiliar prácticamente desaparecida».

Pymar adelantó que los 19 astilleros que dependen de esa organización estaban «negociando 40 contratos». Insistió que después de dos años y medio de bloqueo «se necesita restablecer la confianza para mantener los 87.000 puestos».