EH Bildu aseguró ayer que la decisión de Incoesa de trasladar su producción a Cáceres y Soria, y cerrar la planta de Bedia, es «una deslocalización pura y dura». Por lo que pidió a la Administración foral, que preside José Luis Bilbao, que «actúe con urgencia» para recuperar, como se fija en una norma foral de 2007, las ayudas que ha recibido Incoesa. La Diputación adelantó que suponen 190.000 euros en los últimos años, mientras que EH Bildu, como expresaron Irune Soto y Joseba Gezuraga, contabiliza 170.000 euros en un rápido recuento a través de la información pública, porque «desde que en junio se aprobó una declaración institucional en el pleno de Gernika, la Diputación se ha mantenido de brazos cruzados». Además, hay otras ayudas procedentes del Gobierno de Gasteiz que suman alrededor de 700.000 euros, según confirmaron los junteros.

«En el mes de junio, las Juntas Generales aprobaron una declaración institucional en la que instaban a la Diputación a que revisara las ayudas concedidas a Incoesa ante la amenaza de deslocalización de la planta de Bedia. Durante el verano hemos sido testigos de varios intentos de traslado de material por parte de la empresa. Y ahora que la empresa ya ha empezado a llevarse material de la planta, la Diputación anuncia que empezará a escuchar a las partes», según denunciaron los dos procuradores soberanistas ante la desindustrialización de Arratia.

Ambos se preguntaron «¿qué clase de Diputación tenemos en Bizkaia que ante una amenaza de destrucción de empleo y desmantelamiento del tejido industrial se queda de brazos cruzados durante cuatro meses?», «¿qué clase de diputado de Promoción Económica -Imanol Pradales- tenemos que no tiene tiempo para recibir a los trabajadores de Incoesa, pero sí para fotografiarse con jugadores de la NBA?» y «¿por qué no ha comunicado a los trabajadores que ha abierto un expediente?».

Ante la pérdida de tiempo, EH Bildu exige a Diputación que «actúe con urgencia porque mientras comunican a la empresa que se va a abrir un expediente para el estudio de la situación, Incoesa se está llevando material de la planta de Bedia recurriendo a la fuerza de la Ertzaintza, que golpeó duramente e imputó a siete trabajadores por proteger con sus cuerpos lo que el Gobierno foral no es capaz de proteger».

Ambos piden que no ocurra como en los casos de Formica, Virtisú o Troquenor «que no han tenido una reacción foral».