«España es un Estado de Derecho que cumple sus compromisos siempre». Esta fue la única respuesta que acertó a pronunciar el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante las preguntas sobre la orden de detención decretada por la juez argentina María Servini contra cuatro torturadores franquistas. De este modo, el responsable de Policía y Guardia Civil eludió concretar si cumpliará el mandato de la magistrada que instruye la causa abierta contra los crímenes franquistas. Una petición que Madrid «tiene obligación de cumplir», tal y como recordó Ana Messuti, abogada personada en el proceso que se sigue en Buenos Aires. Las diferentes asociaciones de víctimas de la represión durante la dictadura, tanto en Euskal Herria como en el Estado español, expresaron ayer su satisfacción por una decisión histórica: la del miércoles constituye la primera orden de arresto internacional contra responsables franquistas. «Llevamos 77 años esperando un gesto», resumió Bonifacio Sánchez, miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, la querella sigue adelante y sus promotores esperan que exministros franquistas y militares puedan ser imputados.

El extenso auto de Servini, de 204 folios, no deja lugar a la duda. Reivindica la legitimidad de la Justicia argentina para perseguir crímenes de lesa humanidad como los cometidos por la dictadura franquista y enumera las dificultades sufridas por las víctimas durante años de intentos de combatir la impunidad. De hecho, certifica que en el Estado español no se está desarrollando una «investigación eficaz» y constata que «es tal el agravio a la conciencia de la humanidad, que el castigo de los responsables es un deber de todos los Estados, como agentes que son de la comunidad internacional, con independencia del lugar de comisión de los hechos». Por este motivo, dicta la orden de detención preventiva para tomar declaración a los expolicías Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño» y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar.

«Resolver los problemas»

Tras el movimiento de la juez, ahora le toca responder a Madrid. En principio, según los tratados internacionales suscritos por el Gobierno español, debería de proceder al arresto de los cuatro torturadores. Sin embargo, Fernández Díaz eludió dar su compromiso. En un primer lugar desvió la cuestión hacia el ámbito judicial, defendiendo que el Ejecutivo se centre en otros asuntos. «Vamos a resolver los problemas que tenemos nosotros», afirmó.

Sobre la orden cursada por Servini, el ministro del Interior afirmó tener noticia por la prensa, señalando que no le constaba haber recibido la petición de extradición. Además, eludió dar más detalle asegurando que el Estado español «colabora siempre y hace honor a los compromisos que tiene». «El principio de cooperación política y judicial y la lealtad institucional es fundamental cuando estamos hablando de colaborar entre los Estados para hacer frente a la criminalidad en cualquiera de sus manifestaciones», afirmó tras tomar parte en una comisión en la que, paradójicamente, se abordó el ataque ultraderechista contra la sede de la Generalitat ocurrido en la Diada.

También ayer se conoció la respuesta por escrito remitida por el Gobierno español al diputado de IU Gaspar Llamazares, quien se había interesado por la posición de Moncloa respecto al procedimiento abierto en Argentina en 2010. En este sentido, el ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz Gallardón (precisamente, yerno de José Molina Utrera, uno de los acusados dentro de la querella original), negó estar obstaculizando las investigaciones y afirmó haber «dado trámite a cuantas solicitudes de auxilio judicial internacional se han recibido». Una respuesta que obvia, por ejemplo, las presiones diplomáticas lanzadas desde Madrid para evitar, como así fue, que se llevasen a cabo las teleconferencias previstas para el mes de mayo en las que las víctimas iban a relatar sus casos directamente a la juez Servini.

Según la respuesta, que recogió la agencia Europa Press, el Ejecutivo subraya que es «absolutamente respetuoso con la actuación de la justicia, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico». En este contexto, subraya que «prestará toda la colaboración que nuestra legislación prevea y permita», al tiempo que recuerda el tratado de cooperación firmado entre Madrid y Buenos Aires.

Tratados internacionales

«No sé las intenciones del Gobierno, pero que se niegue a colaborar existiendo unos tratados suscritos no le deja en buen lugar», señaló Messuti, quien consideró que si Madrid rechaza arrestar a los cuatro torturadores se convertiría en «refugio de personas que están buscadas internacionalmente». Un extremo que, a juicio de Manuel Blanco Chivite, miembro de La Comuna (organización que agrupa a represaliados franquistas) entroncaría, precisamente, con el papel del Estado español durante la dictadura, cuando acogió a diversos responsables nazis. Sobre los plazos, la abogada mostró su esperanza en el hecho de que el Ejecutivo responda a Servini en un plazo «razonable», que podría ser de unos seis meses. Lo que sí parece claro es que la orden de detención, cursada a través de Interpol, permite que los cuatro imputados pudiesen ser detenidos en caso de que abandonasen el territorio del Estado español, tal y como ocurrió en casos como el del dictador chileno Augusto Pinochet. Además, mostró su confianza en que, después de los cuatro torturadores, otros franquistas como Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, el exministro de Trabajo Fernando Suárez y los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.

«Esta resolución no debe de ser más que el principio», señaló a través de una nota de prensa la Plataforma Vasca para la Querella de los Crímenes del Franquismo, quien mostró su satisfacción pero hizo hincapié en que todavía existen «miles de franquistas incrustados en los aparatos del Estado y en la sociedad», por lo que confió en que el proceso pueda seguir adelante. Como recordó Ana Messuti, la querella agrupa por ahora a más de 170 denunciantes. «Todos ellos padecieron un genocidio», recordó.