El número de denuncias de personas inmigrantes por discriminación en la atención sanitaria y en el acceso a los servicios sociales creció a lo largo del último año, según recoge el informe anual de SOS Racismo, en lo que respecta a la realidad en Hego Euskal Herria. Preocupa especialmente la situación creada en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como consecuencia del decreto del Gobierno de Gasteiz que establece como requisito para acceder a la sanidad pública estar empadronado durante un año antes de solicitar el reconocimiento a la asistencia sanitaria.

El endurecimiento de la normativa que regula la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) es otro de los motivos de denuncia entre personas que se encuentran en situación irregular administrativamente hablando. Las cosas se han puesto muy difíciles para colectivos «especialmente vulnerables», según destacaron ayer los portavoces de SOS Racismo Agustín Unzurrunzaga y Brígida Ridruejo, que al desgranar el informe se refirieron especialmente en este punto a Nafarroa donde, según dijeron, «se ha ido más lejos excluyendo a los inmigrantes irregulares en el acceso a este tipo de ayudas».

Por ello, SOS Racismo insistió en la crítica al Ejecutivo de Lakua por recurrir a este tipo de medidas en tiempos de «crisis y desempleo que abocan a muchas personas a la irregularidad sobrevenida» y exigió la eliminación de la exigencia de un año de empadronamiento.

A este respecto menciona el informe de SOS Racismo el caso de Nafarroa, por garantizar la asistencia sanitaria gratuita a los residentes en el herrialde cualquiera que sea su situación legal o administrativa.

El informe anual recoge, además, «derechos recortados por la puerta de atrás» a inmigrantes irregulares en la matriculación en la Escuela Oficial de Idiomas o en el acceso a una vivienda de alquiler en Etxebide.

Redadas e intolerancia

También son objeto de mención las redadas e identificaciones policiales indiscriminadas contra inmigrantes irregulares, como la practicada en Zorrotzaurre (Bilbo) contra 54 personas, 36 de las cuales fueron detenidas y once enviadas a un centro para su expulsión.

Ante esta situación, SOS Racismo recordó a los responsables institucionales que «los recortes sociales no deberían ser el pretexto para no ahondar en políticas de integración» y subrayaron que esas políticas «hoy son más necesarias que nunca» vistas las encuestas de opinión. Apuntaron al respecto el «preocupante» descenso de la tolerancia hacia el inmigrante en la CAV y censuraron eslóganes como «Primero los de casa», lanzado por el PP en campaña electoral.