TORTURA EN EUSKAL HERRIA
La Audiencia Nacional decidirá si se detiene a los torturadores
El ministro Alberto Ruiz Gallardón deja en manos de la Fiscalía del tribunal especial el cumplimiento de la orden cursada por la Justicia argentina contra cuatro torturadores franquistas
Alberto PRADILLA | MADRID
La Audiencia Nacional española será quien tenga la última palabra sobre la orden de detención contra cuatro torturadores franquistas cursada por la juez María Servini, que investiga los crímenes durante la dictadura española. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien señaló que será la Fiscalía del tribunal de excepción la que marque el criterio jurídico. Por el momento no hay constancia de que la resolución, que la magistrada entregó a los abogados de la acusación el pasado miércoles en Buenos Aires, haya llegado a manos de las autoridades españolas. Cuando el trámite se cumpla, se dará la paradoja de que el heredero del Tribunal de Orden Público tendrá que decidir sobre la extradición de los expolicías José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño», y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, que estuvieron bajo las órdenes de los jueces que precedieron a la actual Audiencia Nacional. Celso Galván, el cuarto imputado, habría fallecido en 2009, según publicaban ayer diversos medios españoles.
«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán al criterio jurídico que marque la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía», afirmó Ruiz Gallardón, que también tiene vínculos con la causa ya que su suegro, el exministro franquista José Utrera Molina, es uno de los cinco antiguos cargos de la dictadura incluidos en la denuncia junto a los cuatro torturadores. «Como ocurre en todos los casos en los que se han planteado situaciones semejantes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vista de la orden internacional de detención, lo que harán será trasladarla a la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía de la propia Audiencia», explicó el titular de Justicia. Claro que, en realidad, la línea la marcará el Ejecutivo. En primer lugar, porque el Ministerio Público tiene una estructura jerárquica en cuya cúspide se sitúa el fiscal general del Estado, nombrado directamente por el Gobierno. En segundo, porque es el Consejo de Ministros el que, en última instancia, dará luz verde a la extradición.
El Gobierno de Mariano Rajoy no tiene prisa por cumplir con la Justicia. Una actitud que contrasta con las urgencias derivadas del tiempo transcurrido desde la dictadura y la avanzada edad de los acusados, uno de los cuales, Galván, ya habría fallecido. Todo ello se suma al hecho de que sea la Audiencia Nacional, marcada por denuncias por torturas desde su nacimiento, la que se encargue del proceso contra los represores.
«El espíritu de la Legión estará siempre contra quien pretenda romper la unidad de España». Esta es la última amenaza pronunciada por José Utrera Molina, exministro franquista, suegro del actual titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y uno de los cinco antiguos altos cargos de la dictadura acusados en la querella argentina junto a los cuatro torturadores imputados por la juez María Servini. Lo hizo a través de un artículo publicado en el diario «La Gaceta», donde reivindicaba el papel del cuerpo militar contra las demandas soberanistas en Catalunya. «Estoy seguro de que si alguna vez alguien pretendiese romper la unidad de España, el espíritu de la Legión estará siempre contra la tribu, manteniendo en alto el sueño de una España unida y digna y ofreciendo con su sudor, con su voluntad y su sacrificio la entrega que España exige y que el honor demanda», afirmó el antiguo ministro durante la dictadura.
Las palabras de Utrera Molina llegan en un momento en el que, por primera vez en la historia, la Justicia ha decretado una orden de detención internacional contra torturadores franquistas. Todo ello, dentro de una causa en la que él mismo está acusado. En concreto, los denunciantes le señalan como colaborador necesario en la ejecución de Salvador Puig Antich, ya que formaba parte del Ejecutivo que firmó la sentencia de muerte. Por el momento, la magistrada todavía no ha dictado ninguna resolución en su contra. Él, mientras tanto, evidencia que su sensación de impunidad sigue todavía intacta. Alberto PRADILLA
