El Consejo de Ministros del Gobierno español dio ayer luz verde al proyecto de ley de reforma del Código penal, promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y cuya principal novedad es la nueva pena de «prisión permanente revisable», fija nuevas herramientas para perseguir la corrupción y agrava los delitos de piratería, el maltrato animal y los incendios forestales.

Las críticas al endurecimiento de las penas, por considerarlo un innecesario golpe de imagen, y a las medidas para frenar la corrupción, calificadas de «cortina de humo», fueron inmediatas desde los sectores menos conservadores de la judicatura, que tacharon de «autoritario» el proyecto.

La «prisión permanente revisable» podrá ser impuesta únicamente en casos relacionados con grupos armados o «delitos de especial gravedad», entre los que se incluye la muerte del jefe de Estado o de su heredero, en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad y en la muerte de menores de 16 años o discapacitados. Esta pena tendrá una duración indefinida, que podrá ser revisada a los 25 o 35 años, en función de las circunstancias del preso.

En lo referente a Euskal Herria, la norma no tendrá efectos prácticos, debido a que ETA decretó en octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad armada y la reforma solo será aplicada desde el momento de su entrada en vigor.

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que este proyecto de ley da respuesta «a una demanda social importante», mientras que Ruiz Gallardón sostuvo que se sitúa «entre los más avanzados de los países del entorno».

Según el Ministerio de Justicia, el Código Penal ahonda en la protección de la mujer mediante la introducción de nuevas figuras delictivas, suprime faltas que sobrecargan los juzgados y solo las que tienen entidad penal se convierten en delitos leves y se adapta a la nueva legislación europea para la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, de prevención de abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, así como para combatir la trata de seres humanos.

El Código tipifica como delito cualquier acto sexual con menores de 16 años, salvo que exista proximidad de edad o de madurez. Se castigará asimismo a los clientes de nacionalidad española de prostitución infantil, aunque el delito se cometa en el extranjero.

Corrupción

Además de agravar las penas de los incendios forestales y la piratería, el texto hace una revisión técnica de un número importante de delitos, entre los que destacan los previstos para castigar la corrupción y evitar la impunidad de ciertas conductas.

En los delitos de administración desleal y malversación ya no será necesario acreditar el enriquecimiento ilícito del administrador o funcionario que falte al deber que tiene encomendado si, entre otros supuestos, se acredita que ha firmado contratos por un precio desorbitado o por servicios no prestados.

Además, el comiso es ampliado para aumentar la posibilidad de recuperar activos ilícitos.