Pasados ya cuatro días desde las órdenes de detención contra cuatro conocidos torturadores franquistas, los aparatos del Estado español se lo siguen pensando. El director general de la Policía española, Ignacio Cosidó, alegó ayer que el tema «está en manos de la Audiencia Nacional», en la línea de lo que señaló el Gobierno del PP el viernes.

«La Policía está a instancias de lo que pueda ordenar la Audiencia Nacional en este sentido, pero no hay ninguna novedad por el momento», indicó Cosidó al ser preguntado por la inexistencia de detenciones.

Desde la Audiencia Nacional española se señala a GARA que el expediente correspondiente aún no ha llegado. Fuentes del tribunal especial aseguraban a mediodía de ayer que ninguna de las salas había recibido la comunicación desde Argentina.

Según indicó el viernes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, será la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien traslade una petición al magistrado. Esta semana le correspondería a Pablo Ruz, que es quien se encuentra de guardia. Con la maniobra de recurrir a la Justicia y no a la Policía, el Gobierno ha eludido cumplir inmediatamente con el mandato de Servini. Habitualmente, en casos de esta naturaleza, son los uniformados los que actúan directamente. Entre tanto, se anticipa que uno de los cuatro -dos, según otras fuentes- ya ha fallecido.

En una entrevista a ``Página 12'' de Argentina, el juez español suspendido Baltasar Garzón considera que habrá detenciones porque «tienen obligación de hacerlo. El convenio de asistencia jurídica y de extradición entre España y Argentina está ahí. O bien lo denuncian y no lo aplican, que es lo que hizo Carlos Menem en 1997, que dictó un decreto presidencial para no colaborar conmigo que luego derogó Néstor Kirchner, o lo tienen que cumplir».

Garzón comparte que efectivamente es al tribunal al que le compete el primer paso: «Es a los jueces a los que tiene que presentarse el pedido de Servini. Uno recibirá esa orden y se iniciará el proceso de extradición». Auguró que si el Gobierno «interfiere», se convertirá «probablemente en un escándalo nacional e internacional».

Lo que parece cada vez más evidente es que la juez María Servini de Cubría se ha tomado muy en serio la cuestión, después de que su instrucción inicial fuera torpedeada desde Madrid con medidas como vetar las videoconferencias. Fuentes judiciales argentinas confirmaron ayer que se han abierto sus consulados en todo el mundo con el objetivo de poder recabar denuncias relacionadas con el franquismo.