SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Nueva condena a París por abusar de la prisión provisional
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a sancionar al Estado francés –la séptima vez en dos años– por conculcar el derecho a ser juzgados «en un plazo razonable» de dos ciudadanos vascos. Mantuvo a Patxi Abad y Mikel Almandoz casi seis años presos antes de condenarles
Arantxa MANTEROLA | BAIONA
La vulneración del artículo 5,3 del Convenio de Derechos Humanos por parte del Estado francés esgrimida por los ciudadanos vascos Patxi Abad Urkixo y Mikel Almandoz Erbiti ha sido reconocida por la Sección 5ª del Tribunal de Estrasburgo, que examinó ambas demandas el pasado 3 de setiembre.
En su sentencia, hecha pública ayer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara por unanimidad que, efectivamente, el Estado francés se demoró en demasía en la celebración del juicio y, por ende, abusó del derecho a la libertad de los dos ciudadanos vascos al mantenerlos en prisión provisional durante prácticamente seis años.
En consecuencia, sanciona a París con el pago de una indemnización por «daños morales», que debe abonar en el plazo de tres meses, de 5.000 euros a cada uno de ellos, más otros 2.000 euros para las costas.
Apunta, asimismo, que en caso de que no efectuase dicho pago en el plazo establecido, esos montos serán aumentados, a título de intereses, en tres puntos más de la tasa fijada por el Banco Central Europeo en los tipos de interés marginales.
El burlatarra Mikel Almandoz fue detenido en Lons (Pirineos Atlánticos) el 9 de diciembre de 2003 y no fue juzgado hasta noviembre de 2009. El laudioarra Patxi Abad, arrestado el 4 de diciembre del mismo año, también tuvo que esperar casi seis años para ser juzgado. Ambos se encuentran actualmente en libertad tras haber cumplido las respectivas condenas.
Con estas dos últimas, son ya siete las condenas a la República francesa por la misma causa en lo que a militantes vascos se refiere. En 2012 hubo otras cinco por excesiva demora en la celebración de los juicios y por prolongamiento desmesurado de la prisión provisional; en concreto, en los casos de Lorentxa Guimón, Iñaki Esparza, Inocencio Soria, Kandido Sagarzazu e Ismael Berasategi.
Sin rectificación
La abogada Amaia Rekarte calificó ayer la sentencia como «positiva» pero, al mismo tiempo, deploró la continuidad de la política judicial de París: «Jurídicamente se trata de una sentencia positiva porque reconoce la conculcación de los derechos de Abad y Almandoz. Pero es evidente que las diferentes condenas no han hecho cambiar la práctica de las instancias judiciales. Tenemos otros dos presos sin juzgar que están a las puertas de cumplir seis años en prisión preventiva».
Según la letrada, «se diría que al Estado no le importase aparecer como conculcador de los derechos básicos». «Parece que en los casos de militantes vascos -añadió-, prefiere continuar con el mismo proceder y asumir ser condenado regularmente. Prefiere pagar indemnizaciones a modificar esa política».
Sin poder coercitivo
También subrayó Rekarte que, aunque sientan jurisprudencia, las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos «carecen de poder coercitivo hacia los Estados». No obstante, la abogada espera que el cúmulo de sanciones del que está siendo objeto en los últimos años «sirva para presionar» a las autoridades de París y hacer que cambien esta práctica.
Rekarte añadió que seguirán denunciando estas vulneraciones de derechos básicos ante la Corte de Estrasburgo: «Desde luego, mientras los tribunales franceses sigan en esta línea, nosotros seguiremos llevando estas denuncias hasta el Tribunal Europeo».
La Gendarmería detuvo ayer por la tarde a Patxi Segurola en el hotel donde estaba confinado en la ciudad de Autun (Borgoña). Durante la jornada se supo que la Audiencia Nacional española espera para hoy, a las 22.00, la comparecencia del usurbildarra, objeto de una petición de extradición. Tras un largo procedimiento, había agotado todos los recursos a principios de julio, por lo que cabía que esta se concretase en cualquier momento.
Segurola fue asignado a residencia en Autun, a más de 810 kilómetros de Euskal Herria, el 15 de febrero de 2011 después de abandonar la prisión de Bois d'Arcy.
En realidad, debía haber sido puesto en libertad cuando terminó de cumplir su condena, en diciembre del año anterior, pero no ocurrió así toda vez que le fueron comunicadas dos peticiones de extradición. Se da la circunstancia de que los tribunales franceses rechazaron en el año 2000 extraditar al aginagarra por las mismas demandas.
Sin embargo, en base a una modificación en la normativa legal sobre extradiciones, Madrid volvió a requerir su entrega en vísperas de quedar en libertad.
Las peticiones fueron examinadas y rechazadas por el Tribunal de Versalles aunque, al haberse aceptado el recurso del fiscal, fueron de nuevo examinadas por otro tribunal, que terminó aceptándolas.
Mientras se resolvían los recursos, Segurola ha permanecido confinado bajo estrictas medidas de control: no podía abandonar la ciudad y debía presentarse dos veces al día en la Gendarmería. A.M.
