Adolfo Muñoz «Txiki» Secretario general de ELA
Fraude contra las políticas sociales
«Bienvenida sea la propaganda», apunta Adolfo Muñoz, para quien a falta de contenidos y tras «hacernos creer que se trataba de algo grandioso», el acuerdo PNV-PSE es una perversión del significado de las palabras. Por ejemplo, ambos partidos dicen que todo se hace por la «solidaridad», y los contenidos -que desmenuza con precisión desmontando su argumentario- no tienen nada que ver con la misma. El acuerdo, sostiene, da cobertura a la misma política «que sufrimos», da motivos de alegría a la patronal, aumenta las desigualdades y destruye el empleo. Y concluye afirmando que esa es la aportación real a la crisis que estos dos partidos han aprobado por ser incapaces de soltar amarras del secuestro al que les somete la patronal.
Vaya presentación del Acuerdo PNV-PSE! A falta de contenidos, bienvenida sea la propaganda. Durante meses se han dedicado a hacernos creer que se trataba de algo grandioso. Con filtraciones, datos sesgados, ruedas de prensa para entregar una parte -la más genérica- de algo que ya se tenía completo y, por fin, el documento final. Lo han hecho así porque sabían que el contenido no nos iba a sorprender. Ahora -en una sociedad democrática- correspondería que los críticos pudieran explicarse. No va a ser así; el poder político y económico controla la mayor parte de las empresas de comunicación y usa ese control para mantener a la ciudadanía en la ignorancia sobre temas políticos importantes (fiscalidad...), para convertir la política en un coto cerrado y para que creamos que no hay más alternativa que la suya. Por eso, las decisiones se toman sin ningún nivel de participación social.
Los firmantes pervierten el significado de las palabras. Por ejemplo, dicen que todo se hace por la «solidaridad». ¿Y qué sucede? Que los contenidos del acuerdo no tienen nada que ver con la solidaridad.
Con cinismo, pretenden marcar distancias con las políticas de recortes culpando a otros. «Yo no he sido», vienen a decir. Es inadmisible que el PSOE, que reformó la Constitución al dictado de la banca, pretenda eludir sus responsabilidades. Como igual de inaceptable es que el PNV, que presentó para el 2013 el presupuesto más restrictivo de la historia, quiera hacernos creer que ellos no tienen nada que ver. Los dos partidos, el PSE y el PNV, han aplicado duros recortes, han aprobado reformas muy duras (pensiones y laboral); ambos, sin rechistar, aplican en sus ámbitos de responsabilidad las decisiones que toma el Estado. No es cierto que haya habido oposición entre ellos; las trifulcas mediáticas sobre palabras vacías no indican confrontación política real. Cuando Urkullu no estaba en el Gobierno, su partido exigía a López el «pase foral» ante Madrid; ahora que sí están, «copian y pegan» la legislación básica estatal. En eso debe de consistir la «bilateralidad».
¿Para qué sirve este acuerdo? Para dar cobertura a la misma política que sufrimos, garantizando la aprobación de los presupuestos al Gobierno. Y, por si fuera poco, para vetar que se vuelva a hablar de fiscalidad hasta más allá de 2016.
En materia fiscal el acuerdo carece de una memoria que explique la recaudación que se espera obtener con cada modificación. Hablan de 1.500 millones de euros más en tres años (500 por año) provenientes de «las modificaciones fiscales, de la lucha contra el fraude y de otras medidas recogidas en el Acuerdo»; esto tiene truco. Una de esas medidas es la posibilidad de endeudarse hasta el 1,2% del PIB (límite decidido por Rajoy y que acepta el PNV), lo que permitirá disponer de 330 millones más para el presupuesto de este año. Pues bien, si a los 500 millones iniciales le restamos 330, los ingresos por la nueva fiscalidad y la lucha contra el fraude se quedarían en 170 millones. Una cantidad insignificante. Valga una comparación: ¿Qué son 170 millones frente a un diferencial de presión fiscal con la media europea de 5.300 millones de euros?
El propio lehendakari ha valorado certeramente -quizás sin querer- el acuerdo fiscal cuando se le pregunta si su firma le distanciará de los empresarios vascos: «en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades -contesta- los marginales siguen siendo inferiores a los más altos del Estado español». Es verdad; ese es el uso del Concierto Económico: ni siquiera se llega a lo que plantea el PP.
La patronal tiene motivos para estar contenta. Tanto por los privilegios fiscales que se mantienen como por el destino del gasto público. En los impuestos, más allá de los tipos nominales en Sociedades podrán seguir utilizando las deducciones (por ejemplo en I+D+i) para pagar menos o no pagar. En cuanto al fraude fiscal, nadie sabe con qué medios se va a perseguir y qué tipo de rentas se van a inspeccionar. Por cierto, los inspectores de la Agencia Tributaria Estatal, en un reciente informe (muy interesante) denunciaban que los gobiernos (antes el PSOE y ahora el PP) les dirigen su trabajo de inspección allí donde el fraude o no existe o sus cuantías son irrelevantes (una pérdida deliberada de tiempo), dejando libres de inspección a los que se sabe que defraudan grandes cantidades. Así se explica que las empresas del IBEX-35 con un tipo nominal del 30% pagasen en 2011 un 4% en el Impuesto de Sociedades. ¿Y aquí? ¿Que sucede en las haciendas vascas?
¿Y qué sucede con el gasto público? Que también gana la patronal. Se reduce el gasto social en sanidad, educación y en políticas sociales. Dicen que «se garantizará la misma financiación que en el presupuesto prorrogado»; esto es, la cuantía de 2012. Por tanto, mientras crecen exponencialmente las necesidades sociales, el esfuerzo por la solidaridad se congela en valores del 2012. El acuerdo, sin embargo, sí concreta que se va a destinar más dinero a las empresas y que se subvencionarán la contratación precaria en la Administración y en empresas privadas. Es obligado preguntar... ¿Cuál está siendo la aportación del Gobierno Vasco en materia de empleo? El Gobierno se dedica a destruir empleo público y subcontratado (no hay más que ver los pliegos de condiciones que conllevan despidos y rebajas salariales).
El PNV y el PSE, también en esto, hacen suyo el discurso ideológico de la patronal: «la mejor política para evitar que se cronifique la marginación social de las personas que carecen de ingresos y reciben una renta básica -dicen- es incentivar su formación y el acceso al mercado laboral». Un argumentario que usan para reducir las prestaciones sociales, para denegar el acceso a las mismas, con la intención de obligar a la gente a que acepte cualquier oferta laboral. Es obvio que el trabajo digno no es una variable a tener en cuenta para el PNV y el PSE. Lo que no son capaces de explicar es ¿por qué esa financiación no crea un solo empleo y por qué la generación mejor formada de la historia se ve obligada a ir al extranjero?
El acuerdo PNV-PSE aumentará las desigualdades sociales y destruirá más empleo. Esa es la aportación real a la crisis que esos dos partidos han aprobado por ser incapaces de soltar amarras del secuestro al que les somete la patronal.