En un extenso comunicado en el que homenajea a sus militantes muertos y a sus familias, ETA aborda, en primer lugar, la cuestión de la memoria. Asume que mucha gente no compartirá su lectura, «algo que aceptamos y respetamos. No demandamos que el resto de fuerzas políticas compartan nuestro punto de vista pero, al mismo tiempo, no aceptamos que tengamos que renegar de nuestra trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores». En ese sentido, califica de «justa y legítima» su lucha, porque «ha ayudado a la supervivencia de Euskal Herria y a mantener abierta la puerta de la libertad».

Tras citar la tortura como uno de los elementos que restan legitimidad a quienes hablan de «suelo ético», censura expresamente la actuación del PSOE, que ha optado, a su juicio, por alejarse de toda iniciativa de paz. ETA cree que sus motivaciones reales pasan por «mantener prisionera a Euskal Herria entre el suelo que se construye sobre la violencia del Estado y el techo jurídico-político que le niega la palabra y la decisión».

Niega las acusaciones de querer construir «una paz sin memoria» y, por contra, reivindica el derecho de la ciudadanía vasca a «conocer la verdad, toda la verdad». «Y creemos -añade- que tiene que consistir en un ejercicio colectivo, en aras de reconocer todo el sufrimiento y las responsabilidades de cada cual. ETA estaría dispuesta a participar en un proceso así».

Por otra parte, ETA considera que, tras los cambios de estrategia registrados en los últimos años en el movimiento independentista, se debe dar continuidad al proceso de liberación. Y es ahí, sobre todo ante lo que considera una actitud de imposición de los estados, donde sitúa la necesidad de «un proceso popular que haga frente a todos esos ataques [en el texto recuerda algunas de las actuaciones más agresivas] y que nos libere de una vez por todas de las cadenas que nos sujetan. Es necesario un proceso popular para hacer nuestro camino de la mano de la soberanía y la justicia social», afirma ETA.

«Reconciliación nacional»

En el terreno de la resolución del conflicto hace un planteamiento similar, también reclamando amplios acuerdos, después de lamentar que «llevamos largo tiempo tendiendo la mano a los estados para que entren en el camino de la paz» sin resultado alguno. «Es tiempo de acuerdos para hacer realidad el derecho a decidir de Euskal Herria», apunta, al tiempo que resalta que «el pueblo vasco no puede aceptar la cerrazón ni el veto permanente de determinadas fuerzas políticas».

Por ello, aboga por estructurar un proceso «de largo alcance, desde Euskal Herria y para Euskal Herria», con tres fines: poner la base de la «convivencia democrática»; abordar las consecuencias del conflicto y las situaciones de excepción relativas a la confrontación armada; y, haciendo uso de un concepto poco habitual hasta ahora, avanzar en la «reconciliación nacional» al objeto de restañar heridas y superar enemistades.

ETA es consciente de que la resolución global del conflicto necesita del concurso de los estados, y por eso pide a los agentes y ciudadanos vascos que hagan oír su voz al objeto de que Madrid y París se vean obligados a dar pasos. En ese sentido, apuesta por actuar como pueblo en defensa de los derechos civiles y políticos, en el regreso a casa de presos y exiliados, en demanda de la desmilitarización y, en general, para que sea respetada la palabra y decisión del pueblo.