Desde los más de 8.700 desaparecidos en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia tras el golpe de Estado fascista de 1936 hasta casos más recientes, como el de Jon Anza. Representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias recabaron ayer de primera mano los testimonios de víctimas de estos crímenes ocurridos en Euskal Herria. Los encuentros se enmarcan dentro de una visita iniciada el lunes, que les ha llevado a recorrer diversos puntos del Estado español como Madrid, Catalunya o Andalucía, donde han recibido información de instituciones como el Gobierno español, aso- ciaciones de Derechos Humanos o víctimas. Todos los casos, según fuentes conocedoras, han mantenido un común denominador: la ausencia de investigación y la impunidad de los responsables del franquismo. Un fenómeno que, en Euskal Herria, se extiende hasta la actualidad, tal y como quedó patente en la reunión mantenida con 40 representantes de asociaciones. Está previsto que los miembros del grupo de trabajo presenten sus primeras conclusiones en una rueda de prensa que tendrá lugar en Madrid el lunes. A partir de ahí, el grupo podría realizar recomendaciones sobre casos concretos o situaciones generales, ante el Estado y la ONU.

La obstrucción del Gobierno español ha sido una de las constantes durante todo el viaje. Según pudo saber GARA de fuentes conocedoras de los encuen- tros, representantes del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy llegaron a justificar el freno impuesto a las investigaciones desde la llegada al poder del PP ante la «falta de demanda». Es decir, que Moncloa argumentaba que no se abrían más fosas de desaparecidos y que se habían suprimido las ayudas (ni en 2012 ni en 2013 se ha dotado una sola partida) porque no había familias que lo solicitasen. Un argumento que choca directamente con los testimonios de la sociedad civil y las víctimas que el grupo ha podido recabar.

Esta falta de voluntad de Madrid fue abordada también en los encuentros de ayer en Gasteiz, en las que participó Ariel Dulitzky, miembro del grupo de la ONU. Tiene gran importancia, ya que en noviembre está prevista una reunión en la institución internacional que trate específicamente sobre los casos de desapariciones forzosas. Y parece claro que el Gobierno español no está dispuesto a realizar una revisión sobre su historia. El primero de los argumen- tos que utiliza es el de las fechas. Según su versión, la ONU no fue fundada hasta el 24 de octubre de 1945, por lo que no tendría sentido que investigase casos anteriores a su existencia. Un planteamiento que, hasta el momento, los miembros del grupo han aceptado pero que, según han trasladado durante toda la semana a varios de sus interlocutores, podrían replantearse. Como segundo refugio, Madrid esgrime la Ley de Amnistía de 1977. Una norma que le sirve para evitar buscar los cuerpos, determinar qué ocurrió o juzgar a los culpables. Tampoco se puede olvidar que no fue hasta 2010 cuando el Ejecutivo español hizo suya la convención internacional.

Instituciones y víctimas

Quizás el hecho que más ha diferenciado las sesiones vascas de las desarrolladas en otros puntos del Estado es la persistencia de casos que llegan hasta la actualidad. Por la mañana, Julen Arzuaga, diputado de EH Bildu, abogó por una interpretación «extensiva» del concepto de desaparecido que abarque también los miles de casos de detención incomunicada. Como ejemplo citó el caso de Gurutze Iantzi, de cuya muerte en la comisaría de Tres Cantos, en Madrid, cuando se encontraba arrestada, se han cumplido 20 años. «Hasta el momento de su fallecimiento ni familia ni abogados sabían dónde se encontraba», recordó. Previamente, el experto de la ONU se había encontrado con representantes del Gobierno de Lakua, que hicieron hincapié en las políticas de memoria histórica, así como con otras instituciones como el el presidente del TSJPV, el Fiscal Superior de Justicia del País Vasco y el Ararteko.

Por la tarde, Dulitzky se reunió con representantes de diversas asociaciones como Goldatu, Intxorta 1937, Lau Haizetara, SOS Niños Robados, Euskal Memoria, Egiari Zor y Giza Eskubideen Behatokia. Entre los 40 participantes, más de la mitad eran familiares de desaparecidos, tanto durante el golpe fascista como en la guerra que provocó, posterior represión y hasta la etapa actual. Según relataron participantes en el encuentro, la impunidad volvió a ser uno de los temas abordados. Hasta el momento, no se ha abierto ni una causa judicial por desapariciones ocurridas durante la dictadura. Ya en la época contemporánea, el único procedimiento abierto fue por el secuestro y muerte de Lasa y Zabala, en el que culpables como el coronel Enrique Rodríguez Galindo no llegaron a cumplir ni cinco años de una condena de más de 80.

Ahora, después de recabar los testimonios, el grupo elaborará un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.