El Gobierno español convirtió ayer en proyecto de ley su reforma para regular el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, que ahora se enviará al Congreso con la intención de introducir las aportaciones de la oposición y los agentes sociales.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que la reforma «busca garantizar que los pensionistas, pase lo que pase, vean revalorizadas sus pensiones». Así, aseguró que si la situación económica es mala, las pensiones subirán un 0,25%, mientras que si es buena, el alza máxima será igual a la variación anual del IPC más un 0,25%.

El Gobierno se escudó en el argumento de que la propuesta de reforma está abierta a la negociación para no concretar si el año que viene las pensiones subirán el 0,25%.

Ni Sáenz de Santamaría, ni los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, quisieron responder a esa pregunta con una cifra.

Montoro indicó que, como otros años, habrá que esperar a conocer la inflación de noviembre-diciembre, aunque dijo que la idea es que el alza del IPC acabe el año «como mucho en el 1%, ya veremos si claramente no por debajo».

Con la nueva fórmula propuesta, dijo el ministro de Hacienda, hay que hacer cálculos porque «condiciona la evolución de las pensiones a las condiciones económicas». En su opinión, afirmar que la ley conlleva una pérdida de poder adquisitivo es «un error» y supone «no confiar en la evolución del país», advirtió.

Nada más finalizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Comisión Europea (CE) mostró su respaldo a esta medida y pidió su rápida aplicación, al considerar que una pronta tramitación y aplicación es «importante» para que las medidas «puedan comenzar a tener un impacto ya el próximo año». Para el Ejecutivo comunitario, se trata de «importantes medidas nuevas para preservar la estabilidad del sistema de pensiones, controlar el rápido aumento del gasto en pensiones y fortalecer la sostenibilidad a largo plazo» del régimen.

Frente a este respaldo, el Consejo Económico y Social (CES) español mostraba el pasado jueves sus dudas al respecto y pedía al Ejecutivo que medite sobre su decisión de no vincular la revalorización de éstas al IPC por considerar que la nueva propuesta implicará una pérdida del poder adquisitivo.

En un dictamen aprobado por 43 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, el CES señala que un índice de revalorización vinculado a los ingresos y gastos del sistema plantea dudas, ya que provocará pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, «que en principio no llegarían a recuperarse».

Asimismo, el CES considera que el factor de sostenibilidad no se ajusta «ni en la formulación concreta ni en el plazo previsto para su entrada en vigor» a lo establecido en la Ley 27 de 2011 y critica que la esperanza de vida sea el único parámetro utilizado en su cálculo.

Además, el CES muestra su preocupación por los efectos de la «automaticidad» de la aplicación del factor de sostenibilidad, «basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida».

Por ello, pide que se combine con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral.

También pide, como lo han hecho ya diversos agentes políticos y sociales, que se lleve a cabo una «profunda» reflexión para estudiar alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y suficiencia.

Salarios congelados

Esta reforma de las pensiones se suma a la decisión de congelar el salario de los empleados del sector público, recogida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado ayer por el Ejecutivo.

La medida, comunicada en la tarde del jueves por el Ministerio de Hacienda a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que están representados los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, ELA y CIG, establece que el salario de los empleados del sector público seguirá congelado por cuarto ejercicio consecutivo en 2014. Esta medida se suma a la bajada del 5% de junio de 2010 y a la supresión de la paga extra de diciembre en 2012. El Ministerio informó que los empleados públicos sí tendrán en 2014 las dos pagas extraordinarias, aunque se establece la prohibición de sustituir al personal que se jubile, fallezca o esté de baja.

Asimismo, se mantiene congelada la oferta de empleo público en términos similares a los previstos para este año, de tal forma que se establece una excepción del 10% para educación, sanidad, FSE, policía autonómica y local, y fuerzas armadas, entre otros.

«Normativa básica»

Tras conocer esta medida, tanto el Gobierno de Gasteiz como el de Iruñea señalaron que estudiarán si existen alternativas a la congelación de salarios, aunque reconocieron sus «limitaciones jurídicas» debido al carácter de «normativa básica» de la legislación estatal.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que su Ejecutivo analizará «en profundidad» la cuestión en el Consejo de Gobierno de la próxima semana. «Vamos a analizar esta cuestión con mucho rigor porque no en vano probablemente se trata de normativa básica, como ha sucedido en ocasiones anteriores», comentó.

En esta misma línea se expresó la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina. Tras opinar que la disminución de los salarios «no es lo óptimo, ni lo deseable», dijo que tendrán que esperar a conocer las directrices del Estado para determinar el margen de su Gobierno a la hora de aplicar la congelación.

Indicó que primero deben ver «las directrices nacionales. Exactamente igual que hubo que cumplir el 5% de rebaja salarial y las congelaciones, hay que mirar cómo son las normas generales de estabilidad presupuestaria que se ponen a nivel nacional porque manda la Unión Europea».

Después, dijo que mirarán si tienen margen para actuar, pero «sin crear falsas expectativas en los ciudadanos que no pueda cumplir. Vamos a mirarlo, haremos lo que nos permita la legislación los ingresos y la caja», añadió, antes de mostrar sus esperanzas de que pronto haya una reactivación de la economía que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los funcionarios.

«Recuperación económica»

Todo esto se producía el mismo día en que el EJecutivo de Rajoy enviaba al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría calificó como «los primeros presupuestos de la recuperación económica».

El propio Luis de Guindos afirmó que 2014 marcará un punto de inflexión «importante» respecto a lo vivido desde 2008, ya que auguró que se producirá por primera vez creación de empleo neto y una recuperación «efectiva» de la economía española.

De Guindos explicó que el Gobierno ha bajado la tasa de paro al 26,6% en 2013 y al 25,9% en 2014, y auguró un crecimiento de la economía del 0,7% el próximo año, debido a «la mejoría de la evolución del empleo, del sector exterior y de la inversión».