Miren Etxezarreta, doctora en Economía, asegura que la nueva reforma de las pensiones es «extremadamente grave» y «un ataque a las pensiones públicas». Advierte que tiene por objeto «desmontar el sistema de bienestar social» y, al igual que otros expertos en esta materia, confirma que «condenará a una parte importante de la población a la pobreza gradual».

Taifa, seminario de economía crítica, ha contrarrestado con datos los errores y trampas que hace el Gobierno del PP, «al servicio del gran capital financiero», para llevar adelante la nueva reforma, que este pasado jueves fue validada por el CES español. El estudio «Las propuestas sobre las pensiones y las trampas que ellas plantean» analiza de forma pormenorizada esa situación y desmonta la arquitectura que el PP ha impulsado con un objetivo. Porque entre quienes ganan con esta decisión del Gobierno español está el sistema financiero privado, que ha logrado hasta junio el récord en la disposición de patrimonio de los fondos de pensiones que alcanzan ya los 87.634 millones. Es el nivel más alto de la historia de estos fondos en el Estado español. Solo en el último año entraron 5.498,4 millones más, un aumento del 6,69%.

El tema de las pensiones es recurrente. Los diferentes gobiernos han adoptado medidas de recorte de las mismas. Entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, se han realizado tres reformas importantes del sistema, bajo el argumento de la crisis del sistema público de pensiones. «Nos dicen -explica el informe de Taifa- que las pensiones públicas no se pueden sostener, que no habrá dinero para financiarlas en el futuro» y que para conseguirlo «se deben racionalizar». No es nuevo este discurso, porque nos lleva a Chile, a la era del dictador Pinochet en 1973; en el Estado español se inició entre 1985 y 1988 y el Banco Mundial presentó un informe hacia la privatización de las pensiones en el año 1994. Esa operación neoliberal continuó con la instauración del Pacto de Toledo.

Este grupo de economistas críticos determina, sin embargo, que «aprovechando la crisis» se han atrevido «a plantear la reforma de todas las pensiones, no solo las futuras sino también las presentes». En realidad, apunta, «son rebajas sobre rebajas» que «llevan a un recorte continuo de los sueldos, en muchos casos, muy bajos, de personas que han contribuido durante más de cuatro décadas a la Seguridad Social».

Financiar las pensiones

El informe contempla numerosas trampas que el poder neoliberal está aplicando para justificar los recortes. «¿Por qué tiene que estar equilibrado el presupuesto de las pensiones o de la Seguridad Social y no los demás apartados del gasto público: judicial, ejército, exteriores, Casa del Rey, etc.?».

En esta clave advierte, como ejemplo, «si las pensiones las tienen que financiar los pensionistas, ¿cuándo van a financiar los militares el ejército, los diplomáticos el Ministerio de Exteriores, los monárquicos la Casa del Rey?».

Otro argumento que exponen es que el número de trabajadores no importa para sostener el sistema, sino que «lo que importa es la riqueza que generan. A medida que un país produce más, puede financiar más pensiones, aunque haya menos trabajadores». Lo relevante es la producción. Por ello se pregunta, en contra de esas tesis neoliberales que manejan los sucesivos gobiernos, «¿no será que lo que está mal es el reparto de la riqueza producida y no el bajo número de trabajadores?». Para estos economistas, entre los que se encuentra Miren Etxezarreta, el problema de la financiación de las pensiones es «un tema de la distribución de la riqueza social, no del número de trabajadores».

Advierten que la mayor trampa es partir de que las pensiones se tienen que pagar con las cotizaciones de los trabajadores. «Los ancianos de hoy son los que han generado la riqueza de la que hoy disfruta la población. ¿Por qué les tienen que mantener solo los trabajadores en activo? Por ejemplo, quienes reciben los beneficios de las empresas, ¿no tienen responsabilidad alguna con los ancianos que han trabajado tantos años para producir esos beneficios?».

El informe no elude abordar el gasto de pensiones. Así, Taifa confirma que el gasto en el Estado español es de los más bajos de la UE. Pero se pregunta «¿cuánto déficit tienen las pensiones? Hasta 2011, con toda la crisis, las pensiones no solo no han tenido déficit, sino que han marcado superávit. Ha contribuido a disminuir el déficit del Estado y a acumular un importante Fondo de Pensiones de unos 65.000 millones». Admite que en 2012, con un paro desbordado en torno a seis millones de personas, que ha producido una baja cotización, «el déficit de las pensiones ha sido cercano a los 6.000 millones, que se ha financiado con el fondo».

Déficit

Otra realidad es que «a diferencia de la Administración pública, la Seguridad Social realiza aproximadamente un tercio del gasto del conjunto de administraciones y solo supone el 9% del déficit total. Desde el inicio de la crisis, la Seguridad Social ha perdido el 15% de afiliados y ha pasado de tener un superávit del 1,3% en 2007 a un déficit del 0,97% en 2012». Explican que esa situación financiera no se ha deteriorado como en otros sectores. Y, a la vez, se preguntan «¿cuánto nos está costando a los españoles financiar el sistema financiero español que, además, cuando esté saneado dará beneficios solo a sus accionistas?». Dicen que «cada año se bombea un 10% del producto anual de la economía a los bancos».

Argumentos no faltan para apoyar un sistema público de pensiones. Sostienen que lo que se debe mejorar es el mercado de trabajo, no enfrentarse a las personas inactivas, porque llevan a conclusiones como las que lanzó el ministro japonés de Finanzas, Taro Aso, que pidió que se acelere la muerte de la gente mayor.

Así, la operación es clara: «si hay pocos cotizantes, habría que aumentar el número de trabajadores. No es un problema de pensiones, es del mercado de trabajo. No faltan trabajadores, sino puestos de trabajo». Recomienda mejorar los salarios para cotizar más.

El informe confirma que «la crisis de las pensiones públicas es una construcción política. Si se considera el tema en toda su amplitud esta crisis no existe. Si existe voluntad política y social la `crisis de las pensiones' puede resolverse sin disminuirla».

Las pensiones privadas

Este colectivo de economistas confirma que toda esta campaña contra las pensiones públicas se completa «con la recomendación de que se contraten pensiones privadas, que cuentan con importantes desgravaciones fiscales». La pregunta inmediata que se hace es «¿quién puede ahorrar para contratar pensiones privadas? Si muchísimas familias llegan justo a fin de mes». Así, indica que para recibir una pensión mensual de 898 euros, «hay que aportar un fondo de capitalización de 272.000 euros» o para cobrar 2.466 euros mensuales hay que acumular 747.000 euros», según los datos que se registran en el informe, recogidos de la patronal Inverco.