Si algo ha ratificado el al parecer concluso último episodio internacional en torno a la guerra siria es la crisis del sistema ONU, que debe su arquitectura al desenlace de la Segunda Guerra Mundial.

Un sistema que es una mezcla de inoperancia institucional agravada, además, con una composición excluyente de su Consejo de Seguridad en el que los contrapesos y el poder de veto de las grandes potencias lo vacían de su objetivo de poder ejecutivo, confirmando que lo antidemocrático es también, por definición, ineficaz.

El despropósito llega al punto de que, mientras la ONU seguía en el laboratorio analizando las pruebas sobre el ataque químico en el extrarradio de Damasco, Obama y Putin ultimaban en el G-20 en San Petersburgo una salida a la crisis. No a la crisis siria sino a la provocada por su escalada de amenazas recíprocas y a sus respectivas apelaciones a líneas rojas.

Una vez hecho público el informe, EEUU y sus aliados confundían unos indicios con unas conclusiones impepinables que vendrían a dar la razón a su convicción (Al-Assad es culpable de todo). Rusia, por su parte, ponía en solfa la objetividad de los inspectores. Solo le faltó decir que se habían extralimitado en sus funciones.

¿Qué se puede esperar de una ONU a la que Damasco impone como condición para dejarle investigar que se abstenga en todo caso de señalar al culpable?

Se puede esperar eso. Que dos años y medio después, Siria siga desangrándose. Porque el proyecto de resolución consensuado entre Rusia y EEUU prioriza el gas sarín sobre la sangre. Y apunta a que, si alguna vez se detiene la hemorragia, será a cambio de que la sangre derramada no haya servido para nada.