La Ley de amnistía de 1977 conlleva la erradicación de la memoria y la imposición del olvido por decreto, de manera coercitiva. La exoneración de responsabilidad penal a funcionarios y agentes del orden público que cometieron delitos «contra el ejercicio de los derechos de las personas», consagró la impunidad de los criminales franquistas e institucionalizó la violencia y el terror ejercido por consejos de guerra, tribunales especiales y Tribunales de Orden Público.

Se derogó la verdad indecible instaurando la tortura sistemática. Se dictaron penas de muerte y condenas de prisión interminables contra quienes se opusieron al alzamiento fascista y se negaron a reconocer el régimen derivado del mismo, defendiendo la libertad y la democracia.

Sin establecer vínculos borgianos, la transición española quiso ser el punto final de las «cambiantes formas de una memoria hecha de olvido». Nada, silencio y vacío. Hasta que llegó la jueza argentina imputando y solicitando orden internacional de detención contra cuatro acusados por torturas del régimen franquista: Jesús Muñecas, exguardia civil; Celso Galván, exescolta de Franco y de la Casa Real; el excomisario José Ignacio Giralte y el exinspector González Pacheco, alías Billy El Niño. La orden de María Servini de Cubría representa la intrusión del presente que, indagando, da sentido a nuestro pasado a través de la memoria colectiva.

La memoria es nuestro único asidero. Sin ella no hay progreso ni futuro, sino círculos concéntricos. Rehabilitar moral y jurídicamente es una forma de reivindicar que la lucha por un mundo más justo no tiene un carácter de fugacidad irrepetible.