Giza eskubideak. Konponbidea. Bakea». Este ha sido el lema de la última campaña desarrollada por Herrira, movimiento social que ayer sufrió la violenta acometida de la Guardia Civil. Derechos Humanos. Solución. Paz. Tres conceptos que se le atragantan al Estado y que han motivado la enésima agresión contra este pueblo. Nadie debería llevarse a engaño, no es un hecho coyuntural, cometido al hilo del inminente fallo del Tribunal de Estrasburgo -sea este el que sea-, sino un movimiento de mayor calado. Madrid ha decidido pasar a otro estadio en su actitud ante el nuevo ciclo abierto en Euskal Herria y, desgraciadamente, quizás toque volver a acostumbrarse a que la inquietud acompañe a un acto tan cotidiano como encender la radio por las mañanas. Se anuncia un otoño fecundo en iniciativas que pudieran romper el bloqueo de los estados, y los securócratas españoles han optado por el ataque como mejor defensa.

La operación que lleva la firma del juez Eloy Velasco constituye un grave atentado contra las libertades y los derechos humanos. Porque es ese ámbito, el de los derechos humanos, el único en el que ha trabajado Herrira desde su constitución hace algo más de año y medio. Conviene hacer hincapié en este hecho porque frente a las mentiras vertidas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y las filtraciones que tan animosamente han difundido algunos medios, hay que oponer la realidad de un movimiento social que ha actuado siempre a la luz pública y que nunca ha ocultado sus objetivos: conseguir la repatriación de los presos y presas vascas, la puesta en libertad de los prisioneros gravemente enfermos y la derogación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo y las demás leyes de excepción. Unos objetivos que comparte la mayoría de la sociedad vasca y en torno a los cuales una marea humana abarrotó a principios de año las calles de Bilbo, superando la masiva manifestación de 2012. No está al alcance de cualquiera reunir a 115.000 personas en este país.

Aunque la trayectoria de Herrira no solo ha sido exitosa en términos cuantitativos. Desde el primer momento ha dedicado parte de sus esfuerzos a afianzar una interlocución con todo tipo de agentes y abarcar un amplio abanico ideológico en sus componentes. Nació con vocación de ser plural y lo ha conseguido. También en los actos que ha organizado o promovido, y de ello pueden dar fe incluso jueces de la Audiencia Nacional.

Éxito, pluralidad, defensa de los derechos humanos, son al parecer suficientes ingredientes para que el Estado lo considere una afrenta. A partir de ahí, solo ha aguardado al momento oportuno para dar el golpe.

Un colchón para el ataque

Ese momento ha llegado ahora, justo cuando echa a andar un curso político que se presume intenso y determinante para la consecución de la paz. Llega también días después de que PNV y PSE cerraran un pacto de alcance estratégico y cuando la Ponencia de Paz del Parlamento de Gasteiz permanece bloqueada por la actitud obstruccionista de este último partido y la inacción de los jeltzales. Parece evidente que el Gobierno español ha encontrado en este contexto el colchón que necesitaba para llevar a cabo esta operación policial, que le habría resultado mucho más difícil de acometer si esos dos partidos mantuvieran una postura diferente.

«Nace un tiempo en el que nadie es perseguido o coaccionado por sus ideas». Esta frase pertenece a Iñigo Urkullu y forma parte de su discurso de investidura. Es evidente que se equivocaba. Antes y después de ser investido, el lehendakari ha hecho gala de una visión muy parcial de la vulneración de derechos que se ha producido en este país en las últimas décadas, y que sigue produciéndose. Aunque no es algo personal. La reacción de Josu Erkoreka, portavoz de Lakua, y de Andoni Ortuzar, presidente del EBB, ante la operación de la Guardia Civil pone en evidencia lo gruesa que tienen la piel los dirigentes del PNV cuando la violencia la ejerce el Estado. Tampoco extraña el papel desempeñado por la Ertzaintza para dar cobertura a los agentes del instituto militar y reprimir la solidaridad con los detenidos. La Ertzaintza de Urkullu es la Ertzaintza de Ares. No hay otra.

Paradójicamente -o no-, el presidente del PSE hizo una lectura mucho más crítica de lo ocurrido que su homólogo del PNV. Jesús Eguiguren, de hecho, pidió al Ejecutivo de Lakua que «esté a la altura de las circunstancias y tome cartas en el asunto». Todo un indicador de la posición que ocupa cada agente en este momento.

Reto a la sociedad vasca

No es posible hablar de inmovilismo por parte del Estado, porque es evidente que se ha producido una involución en toda regla, y este pueblo debe estar preparado para dar con la respuesta adecuada. El camino está trazado y avanzar por él pasa por articular mayorías sociales en favor de una resolución democrática del conflicto. No es una fórmula mágica, tampoco es nueva, pero es la que va a conseguir revertir la acometida. Es lo que ha hecho Herrira, lo que tan nervioso ha puesto a Madrid. La Guardia Civil, la Audiencia Nacional, el Ministerio del Interior, el Estado español, en definitiva, le ha lanzado un reto a la sociedad vasca, y el modo en que esta afronte el envite determinará el futuro de Euskal Herria. Es momento de actuar como pueblo, de quitar el freno de mano y pasar por encima de diques y alambradas. Hay que acertar en otoño para que llegue la primavera.