MACRORREDADA CONTRA LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS
EH Bildu, sindicatos y Lokarri lideran una denuncia que tendrá respuesta conjunta
Formaciones políticas como EH Bildu, Geroa Bai, EHBai, IU, EEK y EB; los sindicatos ELA, LAB, STEE y ESK; Lokarri, Udalbiltza y un gran número de organismos de todo Euskal Herria denunciaron el ataque a derechos básicos que supone la redada contra Herrira, al tiempo que criticaban la actitud del Gobierno español de bloquear la búsqueda de la paz. El diputado general de Gipuzkoa, Martin Gartitano, habla de «escándalo antidemocrático». Hoy se anuncia una denuncia conjunta.
GARA | DONOSTIA
Partidos, sindicatos, instituciones y organismos que han conocido de cerca la pluralidad del movimiento Herrira y han venido colaborando en distinta medida en sus actos reivindicativos denunciaron ayer con dureza la detención de 18 de sus integrantes. Hoy se darán a conocer movilizaciones conjuntas. Por las redes sociales circulaba ayer la probabilidad de una manifestación el sábado en Bilbo.
Los cargos institucionales de EH Bildu se colocaron de inmediato del lado de los detenidos. El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, que acudió a Lehendakaritza a firmar un acuerdo con el Gobierno y resto de diputaciones, rompió el protocolo y decidió hacer unas declaraciones a la entrada. Calificó de «escándalo antidemocrático» la operación de la Guardia Civil e hizo un llamamiento «a responder como pueblo». Aseguró que en el interior trasladaría una petición en ese sentido al lehendakari.
Finalizado el encuentro, el diputado general de Gipuzkoa acudió a la concentración que se estaba desarrollando frente a la sede de Herrira en Hernani. Le acompañó la presidenta de las Juntas Generales del territorio, Lohitzune Txarola. Allí estaban también el diputado Xabier Mikel Errekondo y el alcalde de la localidad, Luis Intxauspe.
La presencia de representantes institucionales de EH Bildu fue constante en todas las concentraciones que se produjeron durante los registros. En la de Gasteiz, el parlamentario Julen Arzuaga afirmó que las detenciones son «un ataque a la normalización política y un nuevo obstáculo para avanzar en un proceso de paz». Anunció contactos con otros agentes para estructura una respuesta que ha de tener un carácter plural. Aseguró que buscarán «respuesta como pueblo del tamaño del ataque que se ha producido».
También desde el ámbito institucional, Udalbiltza mostró «la especial preocupación» que produce la redada, por cuanto afecta a la lucha por los derechos humanos y a una materia muy sensible.
Geroa Bai instó al Gobierno de Mariano Rajoy «a buscar vías de solución y a terminar con operaciones policiales como la llevada a cabo por la Guardia Civil». Para la coalición, «estas detenciones obedecen a una legislación retrógrada, redactada en una situación de violencia, y debe derogarse». En su comunicado, Geroa Bai solicita que «no se apliquen medidas de excepción e incomunicación a las personas detenidas».
EHBai, Ezker Anitza-IU, Ezker Batua y Eusko Ekintza también denunciaron las detenciones.
Lokarri y Bake Bidea
Lokarri exigió la libertad de los detenidos y mostró su «más firme rechazo» a la operación, por «representar una grave vulneración de libertades democráticas fundamentales». Recordó el carácter plural y abierto de las movilizaciones convocadas por Herrira, y la posición nítida de este movimiento «en favor del respeto a todos los derechos humanos de todas las personas».
Al igual que Lokarri, Bake Bidea denunció que la posición del Gobierno español va en contra de un proceso de soluciones en Euskal Herria.
A lo largo del día fueron numerosos los comunicados de denuncia de la actuación contra Herria. Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK hicieron públicas sus críticas, destacando que se pretende criminalizar y acallar la solidaridad con los presos. Las organizaciones juveniles Ernai e Ikasle Abertzaleak llamaron a responder. También Esait se pronunció en contra.
Anai Artea declaró que el acercamiento de los presos vascos sería un primer paso hacia la paz. La asociación preguntó a París qué haría si Madrid le pidiera que se apliquen euroórdenes a todos cuantos, como la propia Anai Artea y muchos cargos electos, llevan años instando al acercamiento.
En un comunicado, el Gobierno navarro calificó la operación como «un ejemplo de normalidad democrática» y un paso más hacia la «derrota definitiva de ETA». Añadió que «no se pueden permitir actos de humillación a las víctimas y de justificación del terrorismo».
El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, prohibió la presentación de una moción de urgencia contra la operación. EH Bildu contaba con el visto bueno de PNV y PSE para introducirla de urgencia en el orden del día. El alcalde retiró la palabra a EH Bildu, que abandonó el pleno.
El colectivo catalán Pau i Democràcia destacó la labor de Herrira en defensa de los derechos humanos. Ha convocado para hoy una concentración en Barcelona en contra de la operación policial.
El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, calificó como «mala noticia» la redada, y apeló a la responsabilidad de ETA, para exigirle su disolución y desarme, y a la del Gobierno español, para que haga «una política de Estado para la paz». A su vez, en un comunicado, el EBB se mostraba apesadumbrado por «el retroceso existente en las expectativas de consolidar la paz en Euskadi tras el último comunicado de ETA y las detenciones, auspiciadas por la Audiencia Nacional, de activistas del colectivo Herrira».
En declaraciones efectuadas en los pasillos de Lehendakaritza tras la firma del acuerdo con las tres diputaciones forales, Erkoreka dijo que «la sociedad vasca no comprende» este tipo de operaciones «que recuerdan al pasado». Por ello, aseguró que «el Gobierno considera que este es un momento para la responsabilidad y por eso le exige responsabilidad a ETA, le exige su disolución y desarme. Pero exige también responsabilidad y una actuación con altura de miras a los poderes centrales del Estado, en un momento en el que hacen falta actuaciones con las miras puestas en la paz».
El PNV, por su parte, «ante esta situación de creciente involución» marcada a su entender por el comunicado de ETA y las detenciones, «reclama a la izquierda abertzale políticamente organizada que continúe dando pasos de manera unilateral que propicien el desbaratamiento del actual bloqueo del proceso de paz. Y al Gobierno español que abandone la estrategia del empecinamiento en la excepcionalidad jurídica, una actitud que, además de arbitraria y de dudosa base democrática, nos conduce a un pasado que creíamos felizmente superado». GARA
El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, calificó la redada de «provocación del Gobierno de España» y pidió al Ejecutivo de Lakua «que esté a la altura de las circunstancias y tome cartas en el asunto». En un comentario introducido en su blog personal, Eguiguren señala que una cosa es que el Gabinete de Rajoy haya mostrado «desinterés» por acelerar el final de ETA, «y otra cosa distinta es que cometa una auténtico disparate jurídico y político, que solo se puede entender desde la intencionalidad de reabrir problemas que no existen»
Jesús Eguiguren argumenta que escribe «desde la legitimidad que me asiste, por haber combatido a ETA y haber sido una de sus víctimas junto a muchas más personas». Acusa al Gobierno español de actuar con «irresponsabilidad y torpeza» y de hacer crecer la sospecha de que no quiere que el problema se resuelva. Añade que «sean cuales sean las razones legales que se aleguen, los vascos sabemos ver los impulsos políticos a que obedecen». Eguiguren apunta que «este no es un problema de la izquierda abertzale, sino un problema de todo el pueblo vasco y también de toda España».
El escrito concluye con la dura aseveración de que si las sospechas sobre la voluntad real del Gobierno toman cuerpo y se generalizan, «será algo que el pueblo vasco jamás olvidará».
GARA
