Salhaketa denunció ayer las últimas actuaciones del Gobierno español, que retomará la construcción de la macrocárcel de Zubieta, situada cerca de Donostia. Una «incineradora de personas» a juicio del representante de la citada asociación, César Manzanos, que criticó al Ejecutivo de Mariano Rajoy por invertir en instalaciones de este tipo mientras aplica recortes presupuestarios que repercuten directamente sobre la vida de las personas presas.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de Gasteiz, Manzanos -que compareció acompañado por la coordinadora de Salhaketa, Mata Aldanondo, y por Gixane Moragues, integrante de la asociación- lamentó esta «absurda» decisión, y recordó que los cinco centros penitenciarios emplazados en Hego Euskal Herria -Basauri, Martutene, Zaballa, Langraiz e Iruñea- ya son suficientes para albergar a la población reclusa.

En este sentido, recordó que, pese a que las cárceles de Gipuzkoa y Bizkaia -las más antiguas- está sobresaturadas, las de Zaballa e Iruñea cuentan con cientos de celdas disponibles; y destacó que, en el caso del penal alavés, la tasa de ocupación no supera el 40%. Además, explicó que estos centros, que en la actualidad acogen a 1.800 presos y presas, tienen capacidad para albergar a 3.600 personas. Una cantidad que se podría alcanzar si Madrid y París repatriaran a los presos de motivación política, dispersados lejos de sus familias.

Asimismo, Manzanos criticó que el Gobierno del PP haya decido no construir Centros de Inserción Social (CIS) en los tres herrialdes que forman la CAV. A su parecer, la formación derechista debería edificar este tipo de instalación, diseñadas para acoger a internos en régimen abierto, en lugar de gastar el dinero en grandes infraestructuras como la de Zubieta.

Asimismo, reclamó que Lakua asuma las competencias penitenciarias y anunció que se reunirá con las diferentes instituciones para tratar la situación de las personas presas.

Recortes en prisión

En este sentido, Aldanondo enumeró algunos de los problemas más graves de las prisiones vascas, dirigidas y controladas por el Ministerio de Interior español. Según explicó, los presos, sus familiares y los propios funcionarios han denunciado el efecto negativo de los recortes presupuestarios en la calidad y en la cantidad de la comida; en el número de vis a vis, que en el caso de Iruñea han pasado de uno al mes a uno al trimestre; en la oferta socio-cultural; y en los talleres ocupacionales, que se han reducido de manera de manera significativa.