El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha concluido que el Estado debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 que se produjeron en el Estado español durante la guerra civil y la dictadura franquista y ha considerado lamentable que esos delitos sigan impunes.

Tras una visita de siete días a España, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) difundió ayer sus conclusiones preliminares con una serie de recomendaciones al Gobierno.

Los miembros del equipo Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky señalaron que «el Estado debe asumir un rol de liderazgo y comprometerse de manera más activa para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura».

Indicaron que «se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la guerra civil y la dictadura» gracias a iniciativas que en muchos casos han sido impulsadas exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil.

El grupo de trabajo de la ONU lamentó que no haya «ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada», lo que atribuyó a «una combinación de diversos factores», entre los que Dulitzky destacó la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977. La desaparición forzada de una persona es un «delito continuado» hasta que es esclarecido el caso, según el experto argentino, quien subrayó que la Ley de Amnistía «no puede servir de barrera para la investigación de graves violaciones de derechos humanos».

No se trata de derogar la Ley de Amnistía sino de que despojarla de efecto jurídico, puntualizó Dulitzky, que denunció además que en muchos casos de exhumaciones de fosas comunes el juez no se persona, por lo que el acto carece de reconocimiento judicial y pidió al Estado que levante las restricciones legales y vuelva a la aplicación de la «jurisdicción universal».

Asimismo, el grupo de la ONU considera fundamental que Madrid ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y reclamó a la judicatura a «un uso consistente» de los instrumentos internacionales.