La Agencia Tributaria española ha concluido en un informe aportado al juez del caso Bárcenas que ni el PP, ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el resto de altos cargos que supuestamente percibieron sobresueldos de la caja B del PP cometieron delito fiscal alguno. En el informe sobre los papeles del extesorero Luis Bárcenas, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude concluye que los supuestos pagos a altos cargos ocurridos en el año 2007 estarían prescritos mientras que las cantidades de 2008 no serían delito porque no superaron la cantidad establecida para serlo (120.000 euros).