Llevan desde el 27 de mayo en huelga indefinida en contra de los planes de la empresa Incoesa de trasladarles desde Bedia a dos plantas de Cáceres y Soria. Ayer, se plantaron ante la Torre Iberdrola ayer para denunciar el apoyo de la multinacional eléctrica vasca a los dueños de Incoesa, dado que Iberdrola es el cliente principal.

Ante la sede, los trabajadores escenificaron una parodia. Construyeron con cartón los transformadores (grandes y pequeños) que elaboraban en Bedia y mostraron esa dura realidad de la deslocalización, porque muchos de ellos llevan varias décadas trabajando en la empresa. Otro, caracterizado del dueño de la empresa, Higinio Arteta, lanzaba arengas de apoyo a la explotación de los trabajadores, a pagarles menos y a obligarles a ir a Cáceres y Soria «por unos míseros sueldos, que es lo que os merecéis», decía ante el asombro de las personas que transitaban por ese lugar.

Los trabajadores en todo momento defendieron el futuro de la empresa en Bedia porque «están desmantelando Arratia. Nos dejan sin futuro a nosotros, que ya tenemos años encima, pero también a nuestros hijos», contestaban al caracterizado dueño de la empresa de Bedia.

Juan Jesús Sánchez, responsable de LAB en el comité, aseguró que «los trabajadores, después de estos 128 días de huelga, vamos a seguir luchando para que la empresa se quede en Bedia, en Arratia». Denunció a las puertas de la Torre Iberdrola «las intenciones de la empresa, porque se va porque en esos lugares paga salarios en un 40% más bajos que en Bedia. No se va porque allí trabajan mejor, sino para lograr más beneficios».

El sindicalista manifestó a GARA que hace unos días, ante el pleno de Juntas Generales de Bizkaia, «se nos acercó el diputado general, José Luis Bilbao, para decirnos lo que queríamos oír. Nos dijo que no hay derecho a la decisión de la empresa».

Sin embargo, se mostró preocupado porque el colectivo de trabajadores de Bedia entiende que la Administración foral y el Gobierno de Lakua pueden frenar ese intento de cerrar la planta vizcaina «si se les reclama que devuelvan las ayudas que han recibido. En principio, ascienden a 780.000 euros. Lo puede hacer. Hay una norma foral en contra de la deslocalización».