El dictamen técnico que entre otras cosas recomienda la retirada de los grandes escudos franquistas que todavía pueden verse en el edificio de Delegación española de Hacienda en Bilbo, en el antiguo palacio de justicia de Gasteiz y en el interior de la catedral de esta capital, duerme desde hace un año en algún cajón del Gobierno de Lakua.

En una reciente respuesta parlamentaria, el lehendakari, Iñigo Urkullu, reconoce que el dictamen fue entregado por sus autores a la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo de Patxi López en octubre de 2012. Doce meses después, todavía no se ha llevado a cabo ninguna actuación de las recomendadas ni hay fecha para saber qué se hará con las medidas que los técnicos proponen adoptar.

El lehendakari ofrece por toda precisión que «la actual Dirección de Víctimas y Derechos Humanos tiene el propósito de abordar esta cuestión, partiendo del dictamen ya elaborado por esa comisión».

Una obligación legal

La Ley de Memoria Histórica ordena a las administraciones la retirada de «escudos, insignias, placas y otros objetos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura», aunque precisa que estará justificada su conservación cuando tengan carácter privado o por razones históricas y artísticas.

En febrero de 2011, el Parlamento de Gasteiz acordó dicha retirada y pidió al Gobierno autonómico que, en colaboración con Eudel, realizara un catálogo de los vestigios del franquismo existentes en la CAV y se estudiara cómo actuar en cada caso y qué necesidades económicas acarrearía.

En un primer estudio, realizado sobre 41 municipios que abarcan el 75% de la población de la CAV, se recogió la existencia de 68 calles y plazas con denominación de origen franquista, 33 símbolos singulares como escudos, homenajes a «los caídos» y monumentos funerarios, y 1.128 placas en viviendas financiadas por el Instituto Nacional de la Vivienda.

El 24 de abril de 2012 se creó la comisión compuesta por técnicos propuestos tanto por el Gobierno de Lakua como por Eudel con el encargo de que para el 1 de octubre entregaran sus recomendaciones a la Dirección de Derechos Humanos, como así hicieron.

En dicho dictamen se propone, por ejemplo, retirar los tres grandes escudos franquistas que pueden verse todavía en edificios de Bilbo y Gasteiz, y su posterior depósito para su conservación y memoria de la dictadura. En el caso del edificio de Hacienda de la plaza Moyúa, incluido en los catálogos de interés cultural del Gobierno de Lakua, los expertos consideran que águila incluso «dificulta la apreciación de la ciudadanía sobre los valores arquitectónicos del edificio».

En otro tipo de monumentos, la recomendación es la de retirar las inscripciones que puedan estar relacionadas con el franquismo, aunque se mantengan las cruces u otro tipo de estructuras en las que se fijaron.

También se recomienda la eliminación del callejero de nombres como el del fundador de la falange Rafael Sánchez Mazas, cargos franquistas como Plácido Careaga, Embajador Manuel Aznar, Pedro Muguruza o José Lejarreta y, por supuesto, los de los militares sublevados contra la legalidad republicana.