Letrados que trabajan en la defensa de los derechos de los represaliados políticos vascos alertaron de que en la operación contra Herrira se han vulnerado derechos fundamentales. La perciben además como un intento de criminalización de su labor en la propia asociación contra la que se ha actuado, así como en otras como Etxerat, TAT y Behatokia.

En una rueda de prensa ofrecida en Bilbo, Alfonso Zenon e Irune Agirre alertaron de que al actuar contra esta asociación legalmente constituida se quiebran derechos como el de asociación, defensa y un proceso justo, «todos ellos recogidos en convenios internacionales». En su opinión, el fin que persigue la operación ordenada por Eloy Velasco y ejecutada por la Guardia Civil es «poner obstáculos a la defensa de las presas y presos políticos vascos y criminalizar la defensa de sus derechos».

En una valoración jurídica de la operación, en la que no obviaron su «claro impulso político», quisieron dejar claro que Herrira persigue «un objeto social perfectamente legítimo y justo» y que quienes han desarrollado su labor ahí lo han hecho de «forma pública y transparente» contactando con la práctica totalidad de agentes políticos, sociales y sindicales. Tampoco pasaron por alto que en los 19 meses de trayectoria del movimiento, sus iniciativas han cosechado un gran nivel de adhesión entre una mayoría social.

Zenon y Agirre calificaron de «arbitraria» la detención de 18 personas durante tres días, su traslado a Madrid y la posterior imputación de graves delitos, entre ellas al abogado Óscar Sánchez, que desarrolla su labor profesional en Behatokia. A pesar de que no se procedió a su incomunicación, denunciaron que los 18 arrestados fueron obligados a permanecer con la luz encendida durante toda la estancia en dependencias policiales, además de estar con la cabeza agachada y contra la pared en varias ocasiones.

Tampoco obviaron que alguno de los registros fueron irregulares. Por ejemplo, en la sede de Bilbo, se efectuó sin la presencia de detenido alguno, «lo cual supone su nulidad absoluta», señaló Zenon.

Tras acceder a los informes y diligencias practicadas, los letrados no observan «un solo indicio de actividad delictiva, ni por parte de Herrira como asociación, ni por parte de ninguna de las personas detenidas e imputadas en el procedimiento». Más grave les parece que, a pesar de haberse decretado el cese de actividades, acompañado de la clausura de sedes, cierre de perfiles en las redes sociales y bloqueo de cuentas bancarias, no se haya notificado esa resolución del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional a la asociación, que tienen personalidad jurídica.

Por ello, los abogados se han personado en el tribunal especial para que se les informe de las diligencias y se les notifique la resolución judicial, al objeto de que puedan interponer el oportuno recurso y solicitar la nulidad del procedimiento.