El Govern de Catalunya sigue cargándose de razones. El conseller de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, presentó un informe en el que repasa todos los agravios infligidos por el Estado español a Catalunya. El más llamativo de todos ellos, el de la deuda, ya que el Govern asegura que el Estado le debe hasta 9.375,7 millones de euros.

Más de la mitad, 5.748 millones de euros, corresponden a inversiones en infraestructuras que nunca llegaron; 1.715,2 millones a las medidas estatales que implican un aumento del gasto y 1.239,9 millones a lo contrario, a medidas estatales que obligan a una reducción de los ingresos. Finalmente, 672,2 millones provienen de la reducción de ingresos finalistas provenientes del Estado. A estos agravios, además, habrá que sumar 1.700 millones de euros comprometidos a Catalunya por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que ayer se supo que el Estado no pagará.

Pero el de la deuda no es más que uno de los tres bloques en los que se divide el informe. Los otros dos son relativos a la cultura catalana y la democracia, por un lado, y a las competencias, por otro. En el primer bloque, el informe destaca los ataques a la lengua -ley Wert, por ejemplo-, a la cultura -caída de inversiones y papeles de Salamanca, entre otros- y al estatus político de Catalunya -sentencia contra el Estatut y negativa al pacto fiscal y a la declaración de soberanía-. En el bloque de los ataques a las competencias, Homs destacó la «batería de iniciativas recentralizadoras» del Gobierno español. Puso como ejemplo la paralización de las relaciones bilaterales encargadas de aprobar traspasos competenciales pendientes.