La plataforma Iruñea Askatasunez y familiares y allegados de los seis detenidos por la acusación de desplegar una ikurriña de grandes dimensiones en el txupinazo de este año comparecieron ayer tarde en la Plaza del Ayuntamiento para denunciar este operativo y el elevado nivel de represión que padece la capital navarra.

Tras esta redada policial justificada en la simple colocación de una bandera desde dos tejados, denunciaron que en Iruñea hay ciudadanos de primera y de segunda, y abogaron por un nuevo modelo de ciudad basada en el respeto, la diversidad y la convivencia.

Asimismo, criticaron que la Delegación del Gobierno español difundiera una nota en la que subrayaba que los detenidos tenían antecedentes, cuando estos no han sido ratificados judicialmente. «Son gente comprometida y solidaria», subrayaron. Además, contrapusieron el despliegue de la ikurriña, que calificaron de acción imaginativa, con la apuesta por la violencia y las detenciones.

Junto a ello, destacaron que mostrar la ikurriña no es delito, tampoco en Iruñea, y que esta bandera es un símbolo de libertad en el que se refleja buena parte de los vecinos de la capital navarra. Por ello, reclamaron que se derogue la Ley de Símbolos navarra, que impide, bajo amenaza de fuertes sanciones económicas, que los ayuntamientos del herrialde puedan colocar la ikurriña.

También se dirigieron al alcalde de Iruñea, Enrique Maya, que, tras las detenciones declaró que «quien la hace, la paga». «¿Qué tienen que pagar? ¿Colocar la ikurriña? ¿Eso es lo que tienen que pagar?», se preguntaron.

Las detenciones se registraron entre las siete y las once de la mañana de ayer en Iruñea y Barañain por agentes de la Policía Municipal de la capital navarra y de la Brigada de Información de la Policía española. Los arrestados son Mikel Valdivielso, Josu Gracia, los hermanos Xabi y Eneko Gartzia, Natxo Barriuso e Iñigo Balbas. Todos ellos han pasado la noche en dependencias policiales y comparecerán hoy ante el juez Fermín Otamendi, instructor de la causa, que permanecía desde el primer día bajo secreto de sumario.

Todos ellos están acusados de un delito de «desórdenes públicos», según informó la Delegación del Gobierno español en Nafarroa, que en su nota añadió que «el pasado 9 de octubre los autodeterminados (sic) `Arrantzales/Pescadores Barbudos' reaparecían para desplegar un pañuelo naranja de grandes dimensiones de lado a lado de la Plaza del Castillo de Pamplona para mostrar su solidaridad con los integrantes del denominado `muro popular'». Varias fuentes jurídicas consultadas por GARA manifiestan sus dudas de que lo ocurrido pueda estar encardinado dentro de ese tipo penal, particularmente encorsetado.

Maya, por su parte, optó por aportar más ingredientes al esperpento que supone la detención de seis personas por desplegar una ikurriña declarando a COPE-Navarra que los arrestos «suponen una disculpa en primer lugar a Pamplona, a todos los pamploneses de bien, que son prácticamente todos».

Maya: «Una alegría»

El alcalde consideró que las detenciones «conllevan el desagravio a la Corporación municipal que representa a los pamploneses. La mayor parte de los concejales estábamos indignados con lo ocurrido y también para ellos es esta alegría de que la Justicia actúa y que pagarán por lo que hicieron».

Otras concejalas, en cambio, estaban indignadas por las detenciones de ayer, como la portavoz de Bildu, Eva Aranguren, o la edil de Aralar Ana Barrena, que acudieron a la rueda de prensa convocada por Iruñea Askatasunez y los familiares y allegados de los detenidos.

Entre los indignados por las detenciones también se encuentra el sindicato LAB, que calificó de neofranquista la actuación de UPN y PP en Iruñea, enumerando una serie de prohibiciones y actuaciones policiales contra reivindicaciones de derechos básicos.

La Comisión de Personal de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) también mostró su enfado por la «detención innecesaria» de sus compañeros Iñigo Balbas y Natxo Barriuso. Otro tanto AEK, que hizo pública una nota para expresar su sorpresa y preocupación por las detenciones, especialmente la de su compañero Xabi Gartzia.

A finales de setiembre pasado -y a pesar de que, desde que el juez inició sus investigaciones el 6 de julio por un «presunto delito» de desórdenes, la causa estaba bajo secreto de sumario- el Ayuntamiento de Iruñea se personó en la instrucción para ejercer la acusación particular.