El ministro lituano de Finanzas, Rimantas Sadzius, cuyo país ostenta la Presidencia de turno de la UE, informó de que la legislación fue aceptada ayer por unanimidad y pidió a sus homólogos que aplaudiesen ese «primer paso muy importante» que supone crear el primer pilar de la unión bancaria.

La aprobación definitiva fue posible después de que Gran Bretaña levantara el lunes su reserva parlamentaria.

El texto, junto a la regulación que modifica parte del sistema de votación en la Autoridad Bancaria Europea (ABE), entrará en vigor una vez se publique a finales de mes en el Diario Oficial de la UE. De acuerdo con Sadzius, el BCE asumirá sus tareas plenamente un año después, en noviembre de 2014.

Gran Bretaña había bloqueado hasta el lunes la aprobación a nivel de embajadores, a fin de tener tiempo para revisar los dos textos. No obstante, la decisión de Londres de retrasar la adopción definitiva de la legislación hasta este momento se debía a su deseo de garantizar que el equilibrio de voto establecido en torno a la ABE entre los países del euro y los que no tienen la moneda única no cambiase en el futuro mecanismo único de resolución, donde ésta jugará un papel mediador, según las fuentes consultadas.

Se busca presidente

Por su parte, el BCE ya ha comenzado sus preparativos para asumir la tarea de supervisor único. De hecho, el pasado 27 de setiembre publicó un anuncio para buscar candidatos para el puesto de presidente del Consejo Supervisor, que será responsable de la planificación y ejecución de las tareas de vigilancia del BCE y de controlar directamente los bancos más importantes de la eurozona.

El puesto de jefa de ese organismo lo ocupará según fuentes diplomáticas una mujer: la secretaria general de la autoridad francesa encargada del control de la banca, Danièle Nouy. Además habrá un comité director de cuatro miembros.

El supervisor único cubrirá los aproximadamente 6.000 bancos de la eurozona, pero vigilará directamente a unas 130 entidades, aquellas que tienen activos de más de 30.000 millones de euros o suponen al menos el 20% del PIB del país miembro participante, así como a las que hayan solicitado o recibido ayuda pública del fondo europeo de rescate.