Los años 80 del siglo pasado se podrían calificar como los de la solidaridad con Guate- mala; la década de los 90, como la de la cooperación internacional con ese país centroamericano. Sin embargo, a partir de la entrada en el nuevo siglo, posiblemente la palabra que mejor define la relación mundial con Guatemala es el olvido. En torno a la firma de los Acuerdos de Paz (1996) se desató un interés bienintencionado, o no, por respaldar el proceso de paz. Pero, el paso del tiempo y el incumplimiento reiterado por parte de los sucesivos gobiernos guatemaltecos de los mencionados acuerdos no tuvo otra respuesta de la comunidad internacional que el olvido y la indiferencia absoluta hacia las condiciones políticas y sociales de los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo, los que verdaderamente sufrieron el genocidio que supuso la guerra abierta por el Estado de Guatemala contra su población.

Hoy Guatemala, aunque perdida en la memoria de nuestras sociedades y en las crónicas de los medios de comunicación, vive en una situación neocolonial que hace que la mayoría de sus pueblos sufran los caprichos y avatares de los intereses de las transnacionales y de los mercados, además de los de una mínima elite guatemalteca dominante (apenas una veintena de familias). Este país centroamericano está abierto al expolio más absoluto e inconsulto, con una violación permanente de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la comunidad mundial y ratificados por los sucesivos gobiernos de ese país.

Pero es que la historia de Guatemala es, en gran medida, la crónica de un Estado-nación nunca acabado, nunca construido, pese a que hace casi 200 años que se produjo la teórica independencia de la metrópoli colonizadora. En realidad, y como en otros muchos países del continente, el proceso que se abrió en esos años es el que se puede denominar como de colonialismo interno. La nueva elite política y económica criolla sustituyó a la vieja de corte colonial; sin embargo, las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales se mantu- vieron sin cambios reales. Las grandes mayorías, generalmente indígenas, permanecieron en la marginación y la explotación como mano de obra barata al servicio de los nuevos poderes.

El nuevo Estado-nación se erigió sobre los elementos básicos y fundamentales de la colonia: el racismo, la discriminación y la exclusión contra los pueblos maya, xinca, garífuna y gran parte también contra la población mestiza. Y hoy, en pleno siglo XXI, esta situación persiste, hundida y enraizada en las estructuras centrales de este país. Durante los 36 años del denominado conflicto armado interno esto quedó ampliamente demostrado. En realidad, y tal y como recientemente se verificó en el juicio contra el exdictador, general Efraín Ríos Montt (1982-83), lo que se produjo en esos años contra el pueblo maya fue un genocidio. Más de 250.000 muertes, un millón de personas desplazadas de sus territorios, 250.000 refugiadas en el exterior, más de 400 aldeas mayas arrasadas y masacradas hablan claramente de la política que practicó el ejército guatemalteco durante el conflicto armado.

Y como se ha señalado anteriormente, la firma de los Acuerdos de Paz no acabó con esta situación de discriminación. Hoy estos pueblos sostienen que siguen inmersos en un proceso de genocidio que se traduce en la libre disposición de sus territorios por parte de las transnacionales mineras, petroleras e hidroeléctricas principalmente. Los reconocimientos de los derechos de estos pueblos (22 de ascendencia maya, más el pueblo xinca y el garífuna) para definir su vida, sus modelos de existencia, el manejo de sus territorios, en definitiva el derecho a una vida digna, son desconocidos en el día a día y de forma cada vez más sistemática. Los mencionados derechos figuran en los Acuerdos de Paz, pero también en la propia Constitución del Estado y en convenios y tratados internacionales como el 169 de la OIT (1989) o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007).

Un ejemplo sintomático de esta continua violación de derechos hace referencia directa al de consulta y reconocimiento de la organización social y política propia. En los últimos años, ante el incumplimiento de los gobiernos de la obligación de consultar a los pueblos ante un hecho, proyecto o proceso que les afecte directa o indirectamente (Convenio 169-OIT), y ante el aluvión de concesiones a transnacionales para la explotación, uso y abuso sobre sus territorios, se han realizado de forma autónoma 72 consultas comunitarias. Estas han mantenido los procedimientos tradicionales de las comunidades y en todas ha habido una supervisión nacional y, en muchos casos, internacional validando estos procesos como transparentes y adscritos al derecho reconocido por el ya citado Convenio 169. Se buscaba el posicionamiento libre, participativo y democrático de la población ante una agresión a sus territorios, realizada por las transnacionales (españolas en determinados casos) mineras y/o hidroeléctricas con el respaldo pleno del gobierno.

Los resultados, abrumadoramente mayoritarios a favor de la defensa y respeto a los territorios, se han trasladado al Congreso de la República, quien sistemáticamente los ha ignorado. Obviamente, para esta institución y para el Gobierno de turno tiene más valor el interés económico de cualquiera de estas empresas que el pensamiento, deseos y posicionamiento de la población. Se ignoran así los derechos políticos de participación, de consulta, de organización y otro largo número de derechos individuales y colectivos.

Por el contrario, se protegen abiertamente los intereses de las transnacionales y se criminaliza la protesta y resistencia como respuesta a las violaciones de derechos. Esto último alcanzando en los últimos años los más graves niveles como reflejan las detenciones de líderes y lideresas, los asesinatos selectivos, amenazas de violencia sexual contra las mujeres, declaraciones de estados de sitio y recientemente casos de masacres: Totonicapán hace un año, y hace unas semanas San José Nacahuil, con 11 muertos y 15 heridos por un ametrallamiento indiscriminado sobre la población; u ocupaciones y represión generalizada como el caso en estos días de la comunidad de Barillas, en lucha permanente contra la transnacional española Econer-Hidralia.

Toda esta situación actual y el previo proceso histórico es lo que permite afirmar que el colonialismo interno en Guatemala sigue siendo una triste y dura realidad. Las bases de discriminación y marginación, de empobrecimiento y explotación, de ex- clusión y racismo, siguen operando como pilares fundamentales del país, constituyendo la política del Estado y de las clases oligarcas.

Sin embargo, esta situación es cambiable, es transformable. La organización comunitaria en torno a las consultas ha supuesto que esta población pueda romper el silencio al que estaba condenada, desde los años más oscuros del genocidio. Estas consultas han propiciado procesos amplios de reflexión, de análisis, de debates y de expresión de sentimientos por parte de los pueblos maya y xinca, que hacía demasiados años que habían sido condenados al destierro, al olvido en la creencia interiorizada de que esos eran derechos solo para los pudientes y no para los empobrecidos, no para los eternamente relegados por el colonialismo.

Otro hecho que ha incidido en esta ruptura de reclusión y parálisis ha sido el proceso de enjuiciamiento del general Ríos Montt. Nunca se imaginó que esto pudiera darse: el proceso y condena contra un genocida vivo. Sin embargo, fue la valentía de las mujeres ixiles la que abrió esta puerta para denunciar lo ocurrido durante la política de tierra arrasada que practicó el Ejército. Por cierto, en aquel momento, el hoy presidente de Guatemala Otto Pérez Molina era oficial en el territorio ixil, teniendo la responsabilidad sobre varias de las masacres acaecidas en esa área.

El juicio celebrado en 2013 en el que se denunciaron y probaron los hechos ha llevado a la condena del exdictador a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Cierto es que posteriormente las presiones ejercidas por los oscuros poderes de siempre llevaron al alto tribunal a desconocer el juicio y ahora este deberá repetirse. Sin embargo, esto no ha hecho sino poner en evidencia una vez más los ocultos intereses de la clase dominante, económica, política y militar y el carácter no democrático y racista del estado guatemalteco. Y, ocurra lo que ocurra, el juicio ya ha sido una victoria para los pueblos de Guatemala.

Todo esto es lo que la comunidad internacional sigue ignorando y/o mantiene en el olvido, para que los intereses económicos sigan gozando de inmejorables condiciones para la explotación de los recursos naturales y humanos en el marco de la doctrina neoliberal y neocolonial.

Por eso, por la justicia y la solidaridad internacional como compromiso ético y político es por lo que corresponde ahora acabar ya con el olvido y recuperar la memoria y la responsabilidad internacional para la dignidad de la vida de todos los hombres y mujeres, de todos los pueblos de Guatemala.