El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, llega al momento final antes de la sentencia de Europa manteniendo intacto su respaldo a la doctrina 197/2006, que ha permitido extender enormemente los cumplimientos de condena a los presos vascos durante los últimos siete años.

Interpelado ayer por el PNV en el pleno del Congreso, Rajoy no ofreció demasiadas novedades. Dejó claro que desea que Estrasburgo les dé la razón porque esta práctica «ha sido muy útil para luchar contra el terrorismo y otros crímenes», y porque considera que el aval del Supremo y el Constitucional demuestran que es una práctica «justa». «Distingue entre la situación de quien está condenado por un solo delito y quien lo está por 23, 15 ó 30, y eso responde a la lógica y el sentido común», esgrimió.

En cualquier caso, añadió un matiz que apunta a que piensan cumplir la sentencia y que lo distancia de la afirmación hecha en su día por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, al apuntar que harían «ingeniería jurídica» para no liberar a estos presos en caso de que la doctrina fuera considerada ilegal. Rajoy asegura ahora que el Gobierno adoptará «aquellas posiciones que correspondan a la luz de la normativa aplicable y el interés general, respetando el ordenamiento jurídico y los convenios internacionales suscritos por España».

Rajoy eludió entrar en rifirrafes con el representante del PNV autor de la interpelación, Aitor Esteban, que le hizo ver que «no puede permanecer inmóvil una y otra vez ante un nuevo tiempo». Rajoy no respondió.

López: caso a caso

Por su parte, Patxi López, anterior lehendakari y líder del PSE, deseó en una entrevista a ETB que, si la doctrina es considerada ilegal, «no se aplique».

No obstante, en la misma línea expuesta por el Ejecutivo del PP, López consideró que las decisiones posteriores a una eventual sentencia contra el Gobierno deben tomarse una a una, argumentando que «no hay medidas colectivas, ni en uno ni en otro caso».

El Ejecutivo español apunta en los últimos días que, en el caso de que Estrasburgo fallara contra la polémica doctrina, no habría ninguna excarcelación masiva, sino revisiones individuales de cada caso (en la actualidad hay casi 60 vascos que deberían quedar en libertad si la doctrina dejara de estar vigente). Madrid también remarca el concepto de que en última instancia serían decisiones de jueces españoles, y no ejecución directa del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.