Pentsionistak Martxan, de Bizkaia y Nafarroa, Duintasuna Elkartea, de Gipuzkoa, y Pentsionistak Lanean, de Araba, denunciaron ayer en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria que la reforma que ha introducido el Gobierno del PP con el factor de sostenibilidad supone «recortar de manera permanente nuestras pensiones» y es «un ataque permanente a nuestros salarios, ya de por sí bajos». EH Bildu de Gasteiz ha presentado una moción al pleno de mañana para que se garantice el poder adquisitivo de los pensionistas.

En Bilbo, la concentración se realizó ante la subdelegación del Gobierno español en la plaza Elíptica donde dejaron claro que «las consecuencias de la aplicación del factor de sostenibilidad serán graves. Cada cinco años se revisarán las pensiones. Si aumenta la esperanza de vida de la gente, o el número de paradas es alta, o la economía no crece con fuerza, de manera automática la edad de jubilación aumentará por encima de los 67 años, o pedirán más años para calcular la jubilación o las pensiones, o se congelarán o perderán poder adquisitivo por debajo del IPC».

Condena a recortes continuos

Los pensionistas vascos, que conocen cómo se desenvuelven las medidas que se producen en Madrid, afirmaron que todos esos extremos para el cálculo del factor de sostenibilidad suponen «una condena a los recortes continuos».

La idea del Gobierno español es conseguir que las pensiones sean cada vez «más bajas». En Bilbo, se recordó que «en estos dos últimos años hemos perdido más de un 5,3% de revalorización de las pensiones, pero en los próximos podrían reducirse en un 30%». Esta caída de las pensiones generará, por otro lado, más desigualdad y, además, obligará a una parte de la población a contratar pensiones privadas. En este caso hay que tener en cuenta dos datos fundamentales, que la patronal de los fondos de inversión y de pensiones (Inverco) admite. Para recibir una pensión mensual de 898 euros, poco más que el salario mínimo interprofesional, hay que aportar un fondo de capitalización de 272.000 euros y para cobrar la pensión máxima, 2.466 euros mensuales, la capitalización necesaria asciende a 747.000 euros.

Los pensionistas explicaron que «no solo nos roban a nosotros, sino que también a quienes están en el mercado laboral ahora también»; y, a la vez, es evidente que los jóvenes no van a poder tener una pensión digna, porque el sistema de contratación injusta que existe en la actualidad «impide que realicen carreras largas de cotización».

Los pensionistas dejaron claro que la reforma del PP ha acelerado un proceso que en la anterior reforma también el PSOE la había incluido para 2027, con la aquiescencia de CCOO y UGT. Por lo que expresaron en las cuatro capitales la necesidad de que los gobiernos de Gasteiz e Iruñea «tienen la necesidad de garantizar nuestras pensiones. Para ello deben adoptar las medidas necesarias para garantizar las pensiones públicas, porque son un derecho, no un negocio».

Por otra parte, delegados del sindicato ESK realizarán hoy a partir de las 12:30 una protesta desde la sede del sindicato hasta la sede de la Tesorería de la Seguridad Social contra el recorte en las pensiones.